LA HABANA— En un notable giro en la administración de las asociaciones en Cuba, la Dirección de Asociaciones del Ministerio de Justicia ha intervenido en las actividades recientes de la Masonería cubana, específicamente en la Gran Logia de Cuba AL y AM. Este paso se produce después de una evaluación que reveló varias irregularidades en las elecciones de directivos y las sanciones impuestas a miembros de la comunidad masónica.
La revisión, llevada a cabo en cumplimiento de la Constitución de la República de Cuba y la Ley No. 54 de 1985 Ley de Asociaciones, apuntó a asegurar el cumplimiento de los estatutos internos de la Masonería. Tras detectar incumplimientos en el proceso electoral realizado el pasado 24 de marzo de 2024 y en la aplicación de sanciones, se ha ordenado la repetición de estos procesos para reflejar fielmente la voluntad de los miembros de la Masonería.
Este escrutinio surge en un contexto particularmente delicado, dado que Mario Alberto Urquía Carreño, ex Gran Maestro de la Logia, había sido reinstalado en sus funciones a pesar del descontento generalizado entre los integrantes. Urquía Carreño es el principal sospechoso en una investigación sobre el presunto robo de más de 2.000 dólares de las oficinas de la Logia.
Este acontecimiento subraya un momento de reflexión y posible cambio dentro de la estructura de la Masonería en Cuba, marcando un precedente en la supervisión gubernamental de asociaciones y grupos fraternales en el país.
