Las autoridades migratorias de Estados Unidos han implementado desde el 1 de enero de 2026 una ampliación del denominado Travel Ban que ha resultado en la cancelación de visas previamente aprobadas para padres, hijos y cónyuges de ciudadanos estadounidenses, así como en la negación de nuevas solicitudes de ese tipo. Abogados especializados señalan que las nuevas guías del Departamento de Estado han modificado las condiciones bajo las cuales estos familiares inmediatos pueden acceder a visas de inmigrante, eliminando excepciones que existían en años recientes.
Expertos en derecho migratorio explican que, por primera vez, se han revocado aprobaciones de visas que no fueron recogidas antes de la entrada en vigor de las nuevas restricciones, afectando directamente a nacionales de países catalogados como de “alto riesgo”, entre ellos Cuba, Venezuela y Haití. Esta medida ha generado incertidumbre y frustración entre familias que esperaban reunificarse en Estados Unidos tras años de trámites.
El abogado Mayron Gallardo señaló que la política ahora vigente impide que padres, cónyuges e hijos menores de ciudadanos estadounidenses obtengan visas de inmigrante bajo las condiciones que antes eran posibles. Para quienes no completaron el proceso antes del 1 de enero, la alternativa de obtener autorización de viaje ha quedado prácticamente descartada, incluso si contaban con procesos avanzados.
Asimismo, las nuevas directrices han impactado otros tipos de visados, incluyendo aquellos solicitados por personas que alegan persecución por motivos étnicos o religiosos, y visas para empleados del gobierno estadounidense. Aunque se mantienen algunas excepciones muy limitadas, el conjunto de restricciones reduce significativamente las oportunidades de acceso legal al país, según fuentes especializadas en migración.
Las autoridades de Washington han vinculado estas medidas a una revisión exhaustiva de los procesos de inmigración, con énfasis en la verificación de antecedentes y la prevención de fraudes en las solicitudes. Esta evaluación ha llevado a la instauración de una suspensión temporal de adjudicaciones migratorias, lo que ha detenido avances en la tramitación de beneficios como la residencia permanente.
Abogados consultados por este medio explican que la combinación de nuevas barreras y la falta de información clara por parte del Departamento de Seguridad Nacional y el propio Departamento de Estado ha incrementado la sensación de desamparo entre muchos migrantes y sus familias. Pese a los esfuerzos legales y estrategias de defensa que se estudian en despachos especializados, las respuestas oficiales han sido escasas y las soluciones enfrentan largos tiempos de espera.
Grupos comunitarios y organizaciones civiles que trabajan con migrantes denuncian que las modificaciones elevan un costo humano considerable, al prolongar la separación familiar y al dejar en limbo a personas con vínculos directos con ciudadanos estadounidenses. La aplicación de la nueva política ocurre en un contexto donde la migración —particularmente desde el Caribe y Latinoamérica— sigue siendo tema central en el debate público estadounidense, en medio de presiones políticas internas sobre seguridad fronteriza y control de flujos migratorios.
CubaHerald constata que la ampliación del Travel Ban no solo afecta procesos individuales, sino que altera dinámicas de reunificación familiar ampliamente establecidas, y que sus efectos inmediatos se sienten con mayor fuerza en comunidades que dependen de la estabilidad migratoria para preservar sus vínculos sociales y económicos.
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