El Gobierno de Cuba autorizó a actores económicos no estatales a gestionar residencias para adultos mayores y personas con discapacidad, tanto de cuidado diurno como permanente, según acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en la Gaceta Oficial. La norma entrará en vigor en 30 días y estará supervisada por el Ministerio de Salud Pública.
La medida obliga a que al menos el 10% de las plazas disponibles en estos centros se destinen a personas vulnerables, con tarifas reguladas o cubiertas por la Asistencia Social. Se trata de un requisito que busca garantizar cierto acceso social dentro de un esquema que, por primera vez, abre este tipo de servicios al sector no estatal.
La disposición forma parte del denominado “Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida”, en un contexto marcado por el envejecimiento acelerado de la población cubana. Cuba es hoy uno de los países más envejecidos de América Latina, con una baja natalidad sostenida y una emigración que ha reducido la población en edad laboral.
Durante años, los hogares estatales han enfrentado déficit de recursos, deterioro de infraestructura y escasez de personal especializado, lo que ha incrementado la presión sobre las familias, muchas de las cuales asumen el cuidado directo de adultos mayores sin apoyo suficiente.
La autorización a actores privados representa un giro relevante en un sector históricamente centralizado. Sin embargo, surgen interrogantes sobre la viabilidad económica de estos proyectos en medio de la inflación y la crisis estructural, así como sobre el alcance real del 10% obligatorio para personas vulnerables frente a una demanda social creciente.
Más allá del discurso oficial, la medida refleja la necesidad de ampliar capacidades ante una realidad demográfica que ya desborda al sistema público. El impacto dependerá de la inversión efectiva, la supervisión estatal y la capacidad de garantizar acceso equitativo en un entorno económico complejo.
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