LA HABANA / MIAMI — Diversos reportes de prensa y fuentes vinculadas al ámbito migratorio indican que podría estar comenzando a materializarse el primer resultado concreto de las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos en materia migratoria, luego de confirmarse la reciente llegada a la isla de un vuelo con deportados que incluía personas con antecedentes penales, algo que durante años fue rechazado por las autoridades cubanas. Aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de un nuevo acuerdo permanente, los hechos observados sugieren un cambio significativo en la práctica bilateral.
Según información conocida en las últimas horas, un vuelo con 116 migrantes deportados arribó a La Habana el jueves 19 de febrero, convirtiéndose en el segundo traslado de este tipo en lo que va de 2026. Fuentes especializadas señalan que algunos pasajeros presentaban historiales criminales en Estados Unidos, lo que marcaría una modificación relevante respecto a la política tradicional de admisión aplicada por Cuba.
Durante décadas, el gobierno cubano mantuvo filtros estrictos para aceptar deportaciones, especialmente en casos de ciudadanos considerados problemáticos o con delitos graves. El hecho de que ahora se estén aceptando perfiles que antes quedaban excluidos ha sido interpretado por analistas como un posible gesto de cooperación migratoria en medio de un escenario diplomático complejo y presiones políticas crecientes.
No obstante, autoridades cubanas continúan afirmando oficialmente que las devoluciones se realizan bajo los acuerdos bilaterales vigentes, sin reconocer públicamente una ampliación formal de esos compromisos. Tampoco se ha confirmado que exista un pacto para aceptar sin restricciones a los más de 40.000 ciudadanos cubanos con orden final de deportación en Estados Unidos, aunque expertos legales en Miami advierten que la tendencia reciente podría indicar un endurecimiento progresivo.
Si esta política se consolida, el impacto podría ser considerable. Miles de migrantes cubanos bajo supervisión migratoria en Estados Unidos —especialmente quienes poseen formularios I-220B— enfrentarían un escenario distinto, con mayor probabilidad de repatriación efectiva. Paralelamente, especialistas advierten que la llegada sostenida de deportados con antecedentes penales podría generar retos sociales, económicos y de seguridad dentro de la isla.
Observadores del proceso consideran que, más allá de las declaraciones oficiales, estos movimientos podrían reflejar un reajuste pragmático en la relación migratoria bilateral, condicionado tanto por factores políticos como por la necesidad de gestionar flujos migratorios crecientes. Sin embargo, subrayan que será necesario un anuncio formal para confirmar si realmente existe un nuevo acuerdo estructural o si se trata solo de medidas operativas puntuales.
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