Las recientes redadas de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en San Diego y Tallahassee han encendido el debate sobre el enfoque de estas operaciones, que en lugar de priorizar la detención de personas con antecedentes penales, han afectado principalmente a trabajadores sin historial delictivo, muchos de ellos con procesos migratorios en curso o integrados plenamente a sus comunidades.
En San Diego, el pasado 30 de mayo, agentes de ICE irrumpieron en los restaurantes italianos Buona Forchetta y Enoteca Buona Forchetta, donde detuvieron a varios empleados tras exigir identificación migratoria. Según testigos, los agentes utilizaron dispositivos de humo para dispersar a los clientes y vecinos que protestaban por la intervención. El gerente del establecimiento calificó la redada como “agresiva” y denunció que dejó a trabajadores y comensales en estado de shock.
Un día antes, el 29 de mayo, otro operativo se llevó a cabo en un sitio de construcción en Tallahassee, Florida, donde más de 100 trabajadores fueron arrestados. Entre ellos, había personas de México, Centroamérica y Sudamérica, muchos de los cuales no tenían antecedentes penales. Algunos incluso contaban con solicitudes de asilo activas. La redada paralizó proyectos de infraestructura y generó incertidumbre entre las familias de los detenidos.
Las acciones forman parte de la llamada «Operation Tidal Wave», que en mayo detuvo a más de 1.100 migrantes en Florida. Aunque las autoridades alegan que las redadas apuntan a personas con órdenes de deportación, diversas organizaciones y líderes comunitarios denuncian que el verdadero objetivo parecen ser trabajadores comunes, fundamentales para sectores como la construcción, donde los migrantes representan más del 30% de la fuerza laboralen Florida.
A esto se suma la incongruencia legal: mientras se arresta a quienes trabajan sin papeles, las empresas que los contratan raramente enfrentan sanciones. La ley SB 1718 de Florida exige el uso del sistema E-Verify, pero menos del 20% de las compañías están sujetas a esta norma, y las penalizaciones por incumplimiento son mínimas. Esta realidad deja entrever una política migratoria que castiga al más vulnerable, mientras deja impunes a los empleadores que se benefician de su labor.
El impacto humano y económico de estas redadas es profundo. Más allá de las detenciones, afectan la estabilidad emocional de las comunidades y el desarrollo de proyectos clave. Líderes locales y activistas piden que las acciones de ICE se enfoquen en verdaderas amenazas a la seguridad pública y no en quienes contribuyen día a día al crecimiento del país.
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