Once países de América, incluidos Estados Unidos, Chile y Argentina, han manifestado su desacuerdo con la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que confirma la victoria electoral del presidente Nicolás Maduro. Los países han firmado una declaración conjunta exigiendo una auditoría electoral completa e imparcial que evalúe todas las actas y garantice el respeto a la voluntad soberana del pueblo venezolano.
Esta posición se ha fortalecido con el apoyo de Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, quienes han expresado su preocupación por los eventos políticos en Venezuela. La declaración subraya que las decisiones del TSJ carecen de la verificación necesaria y no cumplen con los estándares democráticos requeridos para validar un proceso electoral.
El llamamiento internacional incluye un enérgico rechazo a las prácticas que, según los países firmantes, podrían estar violando los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos que demandan democracia y transparencia electoral.
María Corina Machado, prominente figura de la oposición en Venezuela, ha agradecido el apoyo del «mundo democrático» y ha criticado duramente la actuación del TSJ y del Consejo Nacional Electoral (CNE), acusándolos de obstruir la justicia y de ser cómplices en lo que ella describe como un evidente fraude electoral.
Este grupo de países ha prometido continuar abogando por la legitimidad y transparencia en el proceso electoral venezolano, esperando que una auditoría independiente pueda finalmente esclarecer los resultados y restaurar la confianza en las instituciones democráticas del país.
