La ausencia de Raúl Castro marcó este viernes el acto político encabezado por Miguel Díaz-Canel en La Habana, convocado tras la acusación formal presentada en Estados Unidos contra el exmandatario cubano por el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, un caso que vuelve a tensar las relaciones entre Washington y La Habana.
La movilización, organizada frente a la sede diplomática estadounidense, buscó mostrar respaldo político a Raúl Castro y rechazar la imputación anunciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, el protagonista de la jornada no estuvo presente físicamente en la concentración, un detalle que no pasó inadvertido en medio del fuerte simbolismo del acto.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, la acusación formal señala a Raul Modesto Castro Ruz, de 94 años, y a otros cinco acusados por sus presuntos roles en el derribo, el 24 de febrero de 1996, de dos aeronaves civiles no armadas operadas por la organización Hermanos al Rescate, con sede en Miami. En el ataque murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.
La imputación incluye cargos relacionados con conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato, según reportes basados en el documento judicial presentado en el Distrito Sur de Florida. Raúl Castro era entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, posición que lo colocaba en la estructura superior de mando militar cubana.
El caso de Hermanos al Rescate ha sido durante casi tres décadas uno de los episodios más sensibles entre Cuba, Estados Unidos y el exilio cubano en Miami. La organización realizaba vuelos sobre el Estrecho de Florida para localizar y asistir a balseros cubanos, aunque La Habana acusaba a sus miembros de violar el espacio aéreo nacional y realizar acciones políticas contra el Gobierno cubano.
Díaz-Canel respondió a la imputación calificándola como una acción política y acusó a Washington de utilizar el caso para aumentar la presión contra la isla. El Gobierno cubano sostiene que la acusación forma parte de una escalada diplomática y judicial en momentos de alta tensión bilateral.
No obstante, la ausencia de Raúl Castro en un acto convocado precisamente en defensa de su figura abrió espacio a lecturas políticas inevitables. En un sistema donde los gestos públicos tienen un peso central, la falta de presencia del exmandatario en la tribuna principal dejó a Díaz-Canel como principal rostro de una defensa que pretendía girar alrededor del histórico líder militar.
La concentración también ocurre en un momento de profundo desgaste interno. Cuba atraviesa una crisis marcada por apagones prolongados, escasez de alimentos, dificultades en el transporte, deterioro hospitalario y una economía que no logra ofrecer alivio a la población. En ese contexto, la movilización de recursos estatales para actos políticos vuelve a generar cuestionamientos sobre las prioridades del Gobierno.
Aunque las autoridades presentan estas concentraciones como expresiones de unidad nacional, para muchos ciudadanos el contraste resulta difícil de ignorar: mientras hospitales, escuelas, viviendas y servicios básicos enfrentan severas limitaciones, el aparato institucional conserva capacidad para organizar movilizaciones masivas, cerrar avenidas y trasladar trabajadores y estudiantes con rapidez.
La imputación en Estados Unidos coloca nuevamente bajo escrutinio internacional a la vieja cúpula militar cubana, pero también expone un problema interno más profundo: la dependencia del poder político cubano de figuras históricas cuya presencia pública es cada vez más limitada. El acto de este viernes pretendía enviar un mensaje de fortaleza, pero terminó subrayando la ausencia del principal aludido.
Para Cuba, el caso llega en un momento especialmente delicado. Washington aumenta la presión legal y diplomática, mientras La Habana intenta responder con movilizaciones políticas que ya no logran ocultar el cansancio social acumulado. La defensa de Raúl Castro puede movilizar al aparato oficial, pero difícilmente resuelve las urgencias diarias de una población que reclama comida, electricidad, transporte y servicios esenciales.
La jornada dejó así dos imágenes contrapuestas: un Gobierno que busca cerrar filas ante una acusación histórica en Estados Unidos, y una ciudadanía que observa cómo, una vez más, la política ocupa el centro de los recursos públicos mientras la vida cotidiana continúa marcada por la escasez y la incertidumbre.
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