El Congreso de los Diputados en España debatió este 25 de febrero una propuesta legislativa presentada por Sumar, que busca otorgar la nacionalidad española a los saharauis nacidos durante la soberanía española. Sin embargo, el PSOE expresó su rechazo a la iniciativa, argumentando que presenta dificultades jurídicas para su aplicación.
A pesar de la oposición socialista, el proyecto cuenta con el respaldo del Partido Popular (PP) y varios socios del Gobierno, quienes consideran que la aprobación de esta ley sería un paso para resolver lo que califican como una «injusticia histórica». Los partidarios de la propuesta insisten en que el texto no debe quedar relegado y exigen que se avance en su tramitación.
La diputada de Sumar, Tesh Sidi, de origen saharaui, utilizó su intervención en el Congreso para destacar la «angustia» que enfrentan los saharauis en España mientras esperan obtener la nacionalidad. Sidi también cuestionó al PSOE sobre la falta de reconocimiento hacia la memoria histórica del pueblo saharaui, instando a los socialistas a realizar un ejercicio de «memoria restaurativa».
Por su parte, el diputado socialista Sergio Gutiérrez reconoció la complejidad del tema, aludiendo a un «agravio comparativo» con el pueblo saharaui. No obstante, argumentó que el procedimiento propuesto por Sumar no es viable, ya que no considera apropiado que el Frente Polisario, una entidad no reconocida por Marruecos, certifique la documentación necesaria para conceder la nacionalidad. Gutiérrez sugirió que se retome la propuesta aprobada en 2016, que planteaba un proceso similar al aplicado a Guinea Ecuatorial.
Desde el PP, el diputado Carmelo Barrio instó al PSOE a no ampararse en argumentos jurídicos y a tratar la cuestión desde una perspectiva política. Otros partidos como ERC, Bildu, PNV, Podemos y Junts también se mostraron favorables al proyecto, coincidiendo en la necesidad de reparar el abandono histórico hacia el pueblo saharaui.
Coalición Canaria y el BNG se sumaron a los respaldos, señalando que esta iniciativa es parte del compromiso con la memoria democrática. Por su parte, Vox optó por abstenerse, aunque expresó dudas sobre la propuesta, alegando que podría fomentar políticas de fronteras abiertas.
De momento, el futuro de la iniciativa sigue incierto, a la espera de que el Congreso defina si se avanzará en su tramitación o si volverá a quedar estancada.
