La Asociación de Propietarios Afectados por las Expropiaciones en Cuba, surgida tras la llegada de Fidel Castro al poder en 1959, ha emitido una advertencia tajante: si el actual gobierno cubano llegara a caer, sus miembros reclamarán de inmediato las propiedades que les fueron confiscadas tras el triunfo de la Revolución. Este anuncio cobra relevancia en un contexto de auge de la compraventa de inmuebles en Cuba, especialmente en La Habana, actividad que, según advierten, podría estar viciada de ilegalidad.
Alberto Frómeta Lincet, miembro destacado de esta asociación, subrayó que el gobierno de los Estados Unidos ha mantenido una posición firme al respecto, considerando ilegales las transacciones de viviendas realizadas durante el periodo revolucionario. Esta postura oficial se apoya en las leyes de nacionalización que, tras 1959, afectaron a cientos de familias que poseían propiedades en la isla.
Frómeta Lincet también recordó que existen varias demandas internacionales activas contra el gobierno cubano relacionadas con estas propiedades. Estas acciones judiciales podrían tener un impacto significativo en las operaciones inmobiliarias actuales, ya que cualquier transacción realizada sobre bienes expropiados sería nula en el ámbito legal, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.
Este pronunciamiento llega en un momento en el que el mercado inmobiliario cubano ha experimentado un crecimiento, impulsado por la flexibilización de algunas restricciones internas y el interés de ciudadanos y extranjeros en adquirir propiedades en la isla. Sin embargo, el riesgo de futuras reclamaciones legales plantea serias dudas sobre la estabilidad y seguridad jurídica de estas transacciones.
De consolidarse un cambio en la situación política de Cuba, es probable que las demandas de restitución de propiedades se intensifiquen, especialmente por parte de aquellos cuyos derechos fueron vulnerados durante las primeras décadas del proceso revolucionario. Para muchos, la situación actual podría ser una repetición de lo ocurrido en países como Alemania del Este o Europa del Este tras la caída de los regímenes comunistas, donde antiguos propietarios lograron recuperar sus bienes tras largas batallas legales.
Frómeta Lincet concluyó con una advertencia clara: “Cualquier operación realizada sobre estas propiedades expropiadas no solo es ilegal bajo la ley estadounidense, sino que puede ser revertida en el futuro, dejando a los actuales compradores en una situación legal precaria”.
