La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo miércoles, 30 de octubre, a J.L.Q.F., de 42 años y vecino de Ocaña, acusado de intentar corromper a dos menores. Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron el 24 de noviembre de 2017 en las inmediaciones de la Plaza Mayor de la localidad toledana.
Bajo los efectos del alcohol, el acusado abordó a las jóvenes, A. y C., ambas de 14 años en aquel entonces, mientras paseaban tranquilamente por la plaza. Con una insistencia perturbadora, les realizó propuestas indecentes y les ofreció una cuantiosa suma de dinero a cambio de mantener relaciones sexuales. Aterrorizadas por la situación, las menores rechazaron categóricamente las insinuaciones del hombre y se alejaron rápidamente del lugar.
Fuentes cercanas a la investigación han señalado que las jóvenes, visiblemente afectadas por el suceso, informaron a un familiar de lo ocurrido, quien a su vez denunció los hechos ante las autoridades. Un vecino de la zona, que presenció parte de la escena, corroboró el testimonio de las menores y describió al acusado como un hombre insistente y agresivo.
Este caso ha generado una gran conmoción en la localidad de Ocaña, donde la comunidad se ha mostrado consternada por los hechos y ha exigido justicia para las víctimas. Las autoridades locales han intensificado las campañas de prevención y sensibilización sobre la protección de la infancia, con el objetivo de garantizar la seguridad de los menores y erradicar este tipo de conductas.
Según el informe pericial elaborado por un equipo de psicólogos, las jóvenes han sufrido un profundo impacto psicológico como consecuencia de lo ocurrido. Presentan síntomas de ansiedad, depresión y miedo, y requieren tratamiento especializado para superar el trauma. La Fiscalía, ante la gravedad de los hechos, solicita una pena de cinco años de prisión para el acusado por dos delitos de corrupción de menores.
El juicio, que se celebrará el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Toledo, se espera con gran expectación. La sociedad toledana estará pendiente de la resolución judicial, que marcará un precedente importante en la lucha contra la violencia sexual hacia menores.
