Un operativo policial dejó al descubierto una sofisticada red de tráfico de divisas que operaba en Villa Clara, Sancti Spíritus y Las Tunas, conectando a financistas radicados en Estados Unidos y España con actores económicos no estatales dentro de Cuba. Aunque cinco personas fueron detenidas y se desarticularon varias modalidades del esquema, el caso vuelve a poner sobre la mesa una realidad evidente: mientras el Estado persigue estas redes, no ofrece alternativas funcionales para la recepción de remesas ni mecanismos transparentes para la compra de moneda libremente convertible a precios razonables.
Según la investigación —expediente 862/2025— el organizador principal manejaba flujos semanales estimados entre 20 y 30 millones de pesos, pese a no tener negocio visible ni empleo formal. El sistema funcionaba aprovechando la ausencia de canales legales que permitan transferencias rápidas y estables:
- Financistas en el exterior recibían remesas de emigrados.
- Con ese dinero se financiaban importaciones de actores no estatales dentro de Cuba.
- Los importadores pagaban en la isla en MN y USD a los intermediarios.
- Con ese efectivo, se entregaban las remesas a sus destinatarios finales.
Según explicó el teniente coronel Yisnel Rivero Crespo, los operadores externos obtenían beneficios dobles: ganancias por remesas y comisiones del 6% al 8% por facilitar las importaciones. El esquema solo es posible gracias al amplio margen que deja la inexistencia de un mercado cambiario estatal capaz de satisfacer la demanda real de divisas.
En operaciones paralelas se investigan otros circuitos similares en Pinar del Río (Exp. 1021/2025), donde redes sociales servían para coordinar compra-ventas de dólares, y en La Habana (Exp. 1344/2025), donde una vivienda en Diez de Octubre se había convertido en un centro informal de operaciones de alto volumen.
Si bien estas redes operan fuera del sistema bancario, especialistas señalan que su proliferación no surge por falta de controles, sino por la ausencia de vías oficiales confiables. La demanda de divisas, impulsada por la inflación, los precios crecientes y la dolarización parcial de la economía, continúa superando la capacidad estatal para proveerla. En ese contexto, cada cierre de un canal informal provoca un efecto inmediato: mayor escasez de divisas, incremento del tipo de cambio informal y más presión económica sobre las familias que dependen de remesas.
Las autoridades afirman que estas operaciones generan presiones inflacionarias y afectan la capacidad recaudatoria del Estado. Sin embargo, analistas coinciden en que mientras el Gobierno no habilite mecanismos legales, ágiles y competitivos para enviar remesas y adquirir dólares, las redes informales seguirán floreciendo, y su eliminación no hará más que encarecer aún más la divisa y aumentar el costo de vida.
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