La orden de captura emitida por un juez del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela contra el candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia ha sido fuertemente rechazada por nueve países de América Latina. Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay expresaron su rechazo mediante un comunicado conjunto, señalando que la medida busca silenciar a González Urrutia y desestimar la voluntad popular en Venezuela.
En el comunicado, los países firmantes destacaron que los cargos presentados contra el candidato opositor representan un nuevo intento de acallar su voz, en un contexto en el que Venezuela carece de una separación de poderes y garantías judiciales mínimas, lo que ha resultado en detenciones arbitrarias. Además, condenaron estas acciones como «prácticas dictatoriales» y reiteraron su compromiso de exigir a las autoridades venezolanas que aseguren la vida, integridad y libertad de González Urrutia.
La solicitud de arresto fue presentada por la Fiscalía venezolana ante un tribunal especializado en delitos de terrorismo, acusando a González Urrutia de usurpación de funciones y falsificación de documentos públicos, relacionados con las actas de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio pasado. Esta acción se produce luego de que González Urrutia ignorara varias citaciones judiciales, argumentando que desconocía bajo qué términos debía comparecer y rechazando las acusaciones en su contra.
La controversia se intensificó tras la publicación de actas electorales por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora, que asegura haber demostrado la victoria de González Urrutia en los comicios, en contraste con el anuncio oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) que declaró a Nicolás Maduro como ganador. El gobierno venezolano ha desestimado estas actas, calificándolas de «falsas», mientras que numerosos observadores internacionales han expresado dudas sobre la transparencia y legitimidad del proceso electoral en Venezuela.
Este rechazo internacional subraya la creciente preocupación por las acciones del gobierno venezolano contra la oposición y la necesidad de asegurar un proceso electoral transparente y justo en el país.
