El Gobierno de la provincia de Las Tunas ha introducido una serie de normativas que restringen las operaciones de los trabajadores por cuenta propia (TCP) y las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en el territorio. Estas medidas limitan los horarios y las zonas donde el sector privado puede operar, además de imponer topes de precios en servicios clave como el transporte.
Las autoridades locales justifican estas regulaciones como parte de un esfuerzo por «ordenar zonas claves» de la ciudad. Entre las nuevas disposiciones, las actividades en los bulevares Francisco Varona y Francisco Vega solo podrán realizarse entre las 7:00 a.m. y las 11:00 p.m., mientras que en puntos específicos como la salida hacia Jobabo o el Hospital Pediátrico, los servicios podrán operar las 24 horas, aunque se prohíbe el uso de música después de las 11:00 p.m.
Topes de precios en el transporte privado
Uno de los cambios más controvertidos ha sido la fijación de una tarifa máxima de 10 CUP por pasajero para el transporte en triciclos eléctricos operados por TCP. Según las autoridades, esta medida busca garantizar la accesibilidad al transporte público en un contexto de quejas recurrentes sobre los altos precios.
No obstante, la reacción ha sido mixta. Conductores de triciclos eléctricos argumentan que la tarifa fijada no cubre los costos operativos, como el mantenimiento de baterías y piezas mecánicas, lo que podría hacer inviable la prestación del servicio. Por su parte, algunos usuarios han señalado que el nuevo precio es más razonable en comparación con los anteriores.
Críticas y respaldo en la opinión pública
La implementación de estas regulaciones ha generado una oleada de reacciones en redes sociales. Mientras que algunos ciudadanos apoyan medidas como la restricción de la música en horario nocturno, otros cuestionan el impacto económico que tendrán en los pequeños emprendedores.
José Cáceres, un comentarista en la página del Periódico 26 en Facebook, criticó la falta de consulta previa con los afectados: “El sector privado necesita libertad para autorregularse. Estas decisiones solo complican la situación económica.” Por otro lado, Mayra Pérez, residente en una zona afectada por la música alta, destacó que las restricciones mejorarán la convivencia en áreas residenciales.
Los emprendedores también expresaron su preocupación. Arnoldo Alemán calificó las normativas como “dañinas para el sector privado y la recaudación fiscal”, mientras que operadores de transporte señalan que estas políticas podrían desincentivar sus actividades.
Un futuro incierto para el sector privado
El equilibrio entre las necesidades económicas del sector privado y los intereses de la ciudadanía será clave en los próximos días, cuando estas medidas comiencen a implementarse plenamente. Aunque las autoridades buscan regular áreas urbanas y reducir las tensiones sociales, los desafíos para los emprendedores en un entorno económico ya complicado podrían agudizarse.
La efectividad de estas regulaciones y su impacto en la dinámica local de Las Tunas serán determinantes para evaluar si este modelo de gestión es sostenible o si necesitará ajustes en el corto plazo.
