Las recientes modificaciones al Código Penal cubano han endurecido las sanciones en materia de delitos informáticos y telecomunicaciones, estableciendo medidas que podrían restringir el acceso a la información y limitar la libertad de expresión de la ciudadanía. Las normativas contemplan castigos severos para quienes accedan sin autorización a sistemas informáticos, bases de datos o infraestructuras digitales, así como para aquellos que utilicen estos medios para divulgar información considerada inadecuada por las autoridades.
El Artículo 80 del Código Penal incorpora como circunstancia agravante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, así como de las telecomunicaciones y sus servicios para la comisión de delitos, dificultando su detección o incrementando sus efectos. De esta manera, cualquier acción que el Estado considere riesgosa en el entorno digital podría ser sancionada con mayor severidad.
Por su parte, el Artículo 290, que regula los delitos contra la seguridad de las telecomunicaciones y la informática, establece sanciones de uno a tres años de privación de libertad o multas de hasta 1.000 cuotas para quienes accedan a redes informáticas sin autorización o permitan que otros lo hagan con el objetivo de obtener, modificar o divulgar información almacenada.
El directivo del Ministerio de Comunicaciones, David Wong Sio, ha enfatizado que estas regulaciones buscan garantizar el «orden y la ética» en el uso de las tecnologías en Cuba. No obstante, estas disposiciones también brindan un amplio margen para sancionar a ciudadanos que empleen plataformas digitales con fines críticos o informativos, lo que podría traducirse en una mayor censura y control sobre la opinión pública.
En un contexto donde el acceso a internet ha permitido la proliferación de voces independientes y la visibilización de problemáticas sociales, este refuerzo en el control digital parece orientado a limitar la capacidad de la población para expresarse libremente y compartir información al margen de los canales oficiales. A pesar de que las autoridades argumentan que estas medidas buscan proteger la seguridad informática, su aplicación podría derivar en un mayor número de restricciones para periodistas, activistas y ciudadanos que utilizan el ciberespacio como vía de denuncia.
La preocupación entre sectores de la sociedad radica en que este tipo de normativas, lejos de garantizar un uso responsable de la tecnología, podrían convertirse en herramientas para silenciar a quienes disientan o expongan información que incomode a las instancias gubernamentales. Con un panorama digital cada vez más vigilado, el debate sobre los límites entre la seguridad y la censura sigue abierto en la isla.
