La imagen de varios niños durmiendo sobre el césped frente al Hotel Gran Muthu Habana, difundida originalmente por CubaHerald y luego replicada en redes sociales, ha generado una ola de indignación dentro y fuera del país. El hecho, que la televisión estatal reconoció días después, ha puesto en evidencia una realidad que se extiende más allá de la capital, con casos similares reportados en Trinidad, Santa Clara, Camagüey y Santiago de Cuba, donde cada vez es más común ver a menores pidiendo dinero o comida en plena vía pública.
Durante su emisión, la televisión cubana presentó el suceso como un caso “puntual”, atribuyéndolo principalmente a la “irresponsabilidad de los tutores”. Sin embargo, el enfoque oficial ha sido ampliamente cuestionado por minimizar una crisis social que tiene raíces mucho más profundas.
En el reportaje, la directora del hotel de Miramar reconoció que alertó reiteradamente a las autoridades sobre la presencia de los niños, pero no recibió respuesta hasta que el tema estalló en redes sociales. Este hecho contradice la versión de eficiencia institucional y deja claro que las acciones se activan solo bajo presión pública, cuando el daño ya está hecho.
Por su parte, representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social admitieron que no están cubiertas todas las plazas de trabajadores sociales en La Habana, lo que impide atender de manera preventiva a las familias en riesgo. No obstante, en lugar de asumir la falta de recursos o de planificación, se insistió en culpar a los padres por “incumplir con su deber” y se anunciaron procesos penales contra ellos, como si el encarcelamiento pudiera resolver la pobreza estructural.
La Fiscalía General de la República también intervino, asegurando que se investiga “el incumplimiento de la responsabilidad parental”, pero sin ofrecer soluciones concretas sobre cómo apoyar a las familias vulnerables que carecen de ingresos estables, vivienda o alimentación suficiente. Las sanciones, en este contexto, parecen más un intento de demostrar autoridad que una respuesta a las causas del problema.
Otro de los puntos abordados por el noticiero fue la responsabilidad de las escuelas en “emitir alertas tempranas” sobre los menores ausentes. Pero, en medio del éxodo masivo de docentes, las carencias materiales y la falta de seguimiento comunitario, resulta difícil creer que el sistema educativo tenga hoy la capacidad real para asumir ese rol.
El discurso televisivo también apeló a los compromisos internacionales de Cuba sobre “tolerancia cero” a la mendicidad y al trabajo infantil. Sin embargo, la realidad contradice esas declaraciones: cada día más niños y adolescentes se acercan a turistas o buscan sobrevivir en las calles, mientras las instituciones repiten consignas sin ofrecer medidas efectivas.
Culpar a las familias por la desprotección de sus hijos ignora el contexto en que viven: hogares marcados por el desempleo, el desabastecimiento, la inflación y la pérdida de servicios sociales básicos. Muchos padres que hoy son señalados públicamente también han pedido ayuda en vano, como reconoció una de las madres entrevistadas en el propio reportaje.
Más que un caso aislado, la escena frente al Hotel Gran Muthu Habana revela una fractura social que crece en silencio, donde la pobreza infantil se extiende sin respuestas estructurales ni políticas sostenidas. En este contexto, el discurso oficial se vuelve insuficiente y contradictorio: habla de “protección” mientras los niños duermen sobre el césped, frente a hoteles de lujo que simbolizan una prosperidad ajena a la mayoría del país.
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