Este lunes en Pinar del Río, la Dirección de Inspección del Consejo de la Administración Municipal ejecutó una serie de operativos de control de precios en negocios clasificados como MIPYMES, aplicando medidas severas que han resultado en multas elevadas y obligaciones de reducir precios sin consideración por los costes de operación. Estas acciones son parte de una política del Consejo de Ministros de Cuba, encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel, destinada a estabilizar los precios en medio de una economía fluctuante.
Las multas impuestas alcanzaron los 8000 pesos por negocio, una cifra que no solo es punitiva sino también potencialmente devastadora para la viabilidad de estos pequeños y medianos emprendimientos. Los propietarios de las MIPYMES se enfrentan a una encrucijada crítica: o ajustan sus precios a los márgenes que dicta el gobierno, que a menudo no cubren los costos de adquisición y operación, o se arriesgan a sanciones aún mayores.
La administración actual parece estar tomando un enfoque que muchos críticos y economistas consideran contraproducente. En lugar de fomentar un entorno que apoye el crecimiento y la sostenibilidad económica de los negocios privados, el gobierno está imponiendo una carga regulatoria que podría estrangular la poca autonomía que estos negocios tienen. Este régimen de precios fijos ignora las realidades del mercado y, en última instancia, podría desincentivar la iniciativa privada, reduciendo la oferta y calidad de bienes disponibles para los consumidores cubanos.
Además, estas políticas pueden precipitar una escasez generalizada y aumentar el descontento social en una nación ya marcada por restricciones económicas y una falta de libertades comerciales. La respuesta del gobierno a la inflación y los problemas económicos, en lugar de ser meditada y estratégica, parece ser impulsiva y restrictiva, lo que solamente profundiza los desafíos existentes.
