Carmen H.M., una ciudadana española acusada de pertenecer a una red criminal dedicada al tráfico ilegal de menores, negó todas las acusaciones en su contra durante una audiencia de extradición en la Audiencia Nacional. Según reporta Europa Press, la reclamada se defendió alegando ser una víctima más de la organización criminal y enfatizó que actualmente atraviesa un tratamiento contra el cáncer, además de tener a su cargo a un niño de 10 meses.
Durante el proceso, que se llevó a cabo este martes, la Fiscalía argumentó la necesidad de proceder con la extradición, resaltando que aunque Carmen es ciudadana española, cumple con los requisitos exigidos para su entrega a República Dominicana, donde ya se ha preparado un escrito de acusación y el caso está próximo a entrar en juicio oral. El Ministerio Público apoyó su postura en el avanzado estado de la causa en el país caribeño y en que los elementos esenciales para el caso se encuentran allí.
Carmen, quien se desempeña como mediadora y posee su propio despacho, ha sido paciente oncológica desde 2014. Su abogado, Gonzalo Boye, fundamentó su oposición a la extradición en varios puntos clave, incluyendo la pendencia de un recurso ante el Tribunal Supremo y la falta de base en los hechos y en el derecho aplicado por el Consejo de Ministros.
Boye también cuestionó la lógica de continuar con la extradición sin resolver el recurso, destacando que Carmen no es más que otra víctima del delito. Señaló que las investigaciones sugieren que la organización criminal se aprovechó de su ingenuidad. Además, el letrado planteó la posibilidad de continuar la instrucción en España, indicando que si el fiscal presenta una querella, debería evaluarse su duración en la instrucción.
Finalmente, el abogado subrayó la importancia de considerar el estado de salud de Carmen y el derecho de su hijo menor, producto de una gestación subrogada, enfatizando las posibles complicaciones que podrían surgir si ella no pudiera continuar su tratamiento en República Dominicana.
El caso ha suscitado un gran interés mediático, no solo por las graves acusaciones, sino también por la complejidad de los argumentos legales y humanitarios presentados por la defensa. La decisión final de la Audiencia Nacional está pendiente, mientras tanto, la comunidad legal y los defensores de los derechos humanos están atentos a las implicaciones de este caso en la legislación de extradición y los derechos de los individuos acusados en contextos internacionales.
