Una mujer hondureña de 41 años, residente en el estado de Florida y madre de tres hijos nacidos en Estados Unidos, ha sido sancionada con una multa civil de 1.821.350 dólares por no cumplir una orden de deportación emitida en 2005. La noticia fue confirmada por la cadena CBS, que señala que esta acción se enmarca dentro de la política migratoria endurecida por el actual gobierno de Donald Trump.
La mujer ha permanecido en el país durante más de tres décadas, y según sus representantes legales, su permanencia ha sido pacífica y con contribuciones sociales significativas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) justificó la sanción bajo una disposición que permite imponer multas diarias a quienes se nieguen a salir del país tras una orden final de deportación.
Según Michelle Sánchez, abogada defensora de la afectada, su clienta cumple con los requisitos para acogerse a la Ley de los 10 Años (Cancelación de Deportación), una medida que permite a ciertos inmigrantes indocumentados evitar la expulsión si demuestran buena conducta moral, más de una década de residencia en EE.UU. y que su salida provocaría un perjuicio grave a un familiar estadounidense. Aún así, la emisión de la multa ha generado un fuerte impacto mediático y legal.
Esta no es la primera vez que ICE aplica sanciones millonarias en casos similares. Durante el primer mandato de Trump, otros inmigrantes en situación irregular que se refugiaron en ciudades santuario también fueron multados, como en el conocido caso de Edith Espinal, sancionada con casi medio millón de dólares en 2019, sanción que finalmente fue anulada.
En un contexto de creciente presión migratoria, ICE ha intensificado su accionar. En los últimos días, la Oficina de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO) arrestó en Miami a Omar González, un hondureño de 39 años con múltiples antecedentes penales y vínculos con la pandilla MS-13, lo que refuerza el discurso oficial sobre la prioridad de expulsar a personas consideradas “peligrosas”.
Por otro lado, un fallo judicial reciente ha autorizado al Servicio de Impuestos Internos (IRS) a compartir información fiscal con ICE. Esta medida, avalada por la jueza Dabney Friedrich, ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos civiles que alertan sobre la posible disuasión del cumplimiento fiscal por temor a represalias migratorias.
Entre las otras disposiciones impulsadas por la administración Trump se cuentan el intento de suspender el habeas corpus para migrantes detenidos, el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones exprés, y la intención de eliminar programas de parole para nacionales de países como Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, acciones que en su mayoría han sido frenadas por tribunales federales.
Actualmente, ICE ha incrementado su capacidad de detención en un 30 %, gestionando 144 centros con más de 49.000 personas, de las cuales aproximadamente la mitad no tienen antecedentes penales o poseen delitos menores. Además, cerca de 184.000 migrantes son supervisados mediante dispositivos electrónicos, como parte de programas alternativos a la detención.
Este caso y las medidas colaterales evidencian un sistema migratorio cada vez más riguroso, que mezcla políticas de disuasión, sanciones económicas severas y una vigilancia reforzada. Para los inmigrantes indocumentados, el panorama legal se vuelve cada vez más incierto, marcado por la amenaza constante de ser objeto de deportación, multas o exclusión de servicios básicos.
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