Desde el 18 de abril, más de 2,400 estudiantes y 50 profesores han sido detenidos en más de 50 campus universitarios en Estados Unidos durante protestas propalestinas y contra la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Según reporta Europa Press, las manifestaciones han generado una respuesta contundente por parte de las fuerzas de seguridad, que ha incluido detenciones masivas.
Entre los detenidos destacan casos como el de Annelise Orleck, profesora judía de la Universidad Dartmouth en New Hampshire, y Steve Tamari, docente palestino-estadounidense en la Universidad Washington en San Luis, Misuri. Ambos profesores, que participaban en las protestas grabando con sus teléfonos móviles, fueron reducidos por la policía. Orleck fue maniatada con bridas, mientras que Tamari fue derribado durante el acto.
Orleck describió la intervención policial como una «invasión armada» y expresó su asombro ante la magnitud de la respuesta, nunca antes vista en sus más de tres décadas de docencia. Estos profesores, junto con otros, se unieron a las protestas no solo en apoyo a sus estudiantes, sino también movidos por sus propias convicciones.
Las detenciones han ocurrido en un contexto de creciente presión por parte de sectores conservadores que critican la orientación progresista de las instituciones académicas. Estas críticas se han intensificado con los recientes ataques de Hamás desde Gaza y la asociación de las protestas propalestinas con actos de antisemitismo.
Las universidades, mientras tanto, han justificado la presencia policial y las medidas disciplinarias como necesarias para «mantener el orden» y respetar la libertad de expresión, aunque han enfrentado duras críticas por la severidad de las acciones tomadas contra los manifestantes.
Isaac Kamola, director de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios, ha señalado que las detenciones de profesores han ganado gran visibilidad y han servido para atraer atención sobre las amenazas a la libertad académica. Kamola también ha criticado la normalización de la presencia policial en los campus, argumentando que debería ser un lugar de debate académico, no de intervención policial. Además, ha resaltado la vulnerabilidad del profesorado interino en este clima de incertidumbre sobre qué es permisible decir o enseñar.
