El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, volvió a recurrir al libreto tradicional del Gobierno para desestimar las críticas ciudadanas sobre la profunda crisis que atraviesa el país. Durante la clausura de la Cuarta Jornada Nacional de Ciberseguridad, el jefe de Gobierno insistió en que las denuncias en redes sociales responden a supuestos “planes externos”, ignorando el hartazgo generalizado por el deterioro económico y social que vive la población.
En su intervención, transmitida por la televisión estatal, Marrero reiteró que existe un “uso subversivo” de internet y que quienes expresan inconformidades en plataformas digitales estarían actuando como parte de una maquinaria financiada desde el exterior. Este enfoque, una repetición del discurso de la Guerra Fría, pretende minimizar el creciente descontento interno y atribuirlo a influencias extranjeras en lugar de asumir la responsabilidad por la crisis que golpea a millones de cubanos.
El Gobierno ha sostenido esta narrativa durante años, presentando como “amenazas externas” publicaciones que documentan apagones, falta de alimentos, colapso sanitario, precariedad en los servicios públicos y la persistente devastación tras fenómenos meteorológicos como el huracán Melissa, que dejó a comunidades enteras sin electricidad durante semanas. Sin embargo, cada vez resulta más evidente que estas denuncias son reflejo de la vida cotidiana en la isla y no de campañas organizadas.
Marrero, acompañado por la dirigente partidista Yudi Mercedes Rodríguez Hernández, subrayó la importancia de “elevar la educación digital” para que la población “identifique riesgos”, insistiendo en que el Estado presta atención prioritaria a la ciberseguridad. Al mismo tiempo, funcionarios del evento alardearon de las 34 ponencias presentadas y de supuestas soluciones tecnológicas para proteger el espacio digital.
Pero detrás de esta retórica, la estrategia oficial apunta a reforzar el control sobre el discurso público. En los últimos años, Cuba ha aprobado normativas como el Decreto Ley 35, herramientas legales diseñadas para sancionar publicaciones vistas como incómodas u “ofensivas”, una política denunciada reiteradamente por organizaciones de derechos humanos.
La línea oficial ha sido aún más agresiva en fechas recientes. El 26 de noviembre, el portal estatal Cubadebate publicó una lista de 30 perfiles de redes sociales a los que acusa de participar en una supuesta “guerra cognitiva organizada por la ultraderecha internacional”. Esta acusación fue replicada por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, el diario Granma y el programa propagandístico Razones de Cuba, dirigido por Humberto López, donde incluso se difundieron fichas personales y datos privados de personas vinculadas al medio independiente elTOQUE, etiquetándolos como “mercenarios”.
Este comportamiento, lejos de responder a un análisis moderno del ecosistema digital, se ajusta a un patrón prolongado: criminalizar la crítica para proteger a la cúpula gobernante de asumir cualquier responsabilidad. El Gobierno insiste en presentar el descontento popular como un fenómeno pagado desde Estados Unidos, negando la capacidad de los cubanos para pensar por sí mismos y expresar frustración ante una crisis que se agrava sin una salida visible.
Mientras la narrativa oficial se aferra a enemigos externos, la realidad en la isla se sostiene sobre apagones prolongados, inflación desbordada, escasez crónica y un sistema de servicios públicos al borde del colapso. Las redes sociales, más que un escenario de conspiración, se han convertido en el único espacio donde los ciudadanos pueden documentar su día a día y denunciar aquello que el Estado intenta silenciar.
#CubaHerald #Cuba #ManuelMarrero #LibertadDeExpresión #CrisisEnCuba #Ciberseguridad #DerechosHumanos
