Un grupo de congresistas estadounidenses ha instado a los líderes del Departamento de Estado y del Tesoro a aclarar las políticas del gobierno de Biden sobre el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en Cuba. María Elvira Salazar, Bill Huizenga, Carlos A. Giménez y Blaine Luetkemeyer han expresado preocupación en una misiva dirigida a Antony Blinken, secretario de Estado, y Janet Yellen, secretaria del Tesoro, sobre lo que denominan una «laguna legal» que podría estar facilitando financiamiento a entidades asociadas al régimen cubano.
Los legisladores argumentan que esta política podría contradecir las leyes estadounidenses que rigen las sanciones y el embargo impuesto a Cuba, y resaltan que podría beneficiar a adversarios internacionales como Rusia y China, que mantienen una relación estrecha con Cuba. Además, señalan que la financiación gubernamental no debería apoyar a empresas que supriman la libertad de expresión o estén vinculadas al gobierno cubano.
Un caso específico citado en la discusión es el de la empresa MadWoman, una Mipyme que ha trabajado en repetidas ocasiones con la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Recientemente, esta empresa despidió a un empleado por expresar críticas al régimen cubano en redes sociales. La controversia ha aumentado con la revelación de que altos funcionarios de MadWoman participaron en programas patrocinados por el gobierno de EE. UU., lo que plantea dudas sobre la consistencia de las políticas de financiamiento y el apoyo a la libertad de expresión.
Este conflicto se expuso claramente en una audiencia convocada por la congresista Salazar, donde se debatió sobre la influencia del régimen cubano en el sector privado y sus interacciones con las políticas de Estados Unidos. Durante la sesión, se criticó la falta de transparencia en la administración de los recursos que se destinan a Cuba y cómo se asegura que estos no benefician directamente al gobierno en La Habana.
Este grupo de congresistas sigue presionando para obtener respuestas claras y asegurarse de que la estrategia de Estados Unidos hacia Cuba esté alineada con los principios democráticos y las leyes internas.
