Los países de la Unión Europea acordaron este lunes sus posiciones finales de negociación sobre varias propuestas legislativas clave en materia migratoria, que incluyen nuevas reglas de asilo, una lista común de países considerados “seguros” y una política unificada para el retorno de migrantes en situación irregular, según informaron fuentes del Consejo de la Unión Europea.
Con este paso, los Estados miembros se preparan para iniciar las negociaciones formales con el Parlamento Europeocon el objetivo de cerrar los textos legales definitivos. Aunque la Eurocámara aún no ha fijado una posición final, borradores recientes indican que mantiene los principales elementos planteados por la Comisión Europea, pese a las críticas de más de 200 organizaciones sociales y de derechos humanos.
Uno de los puntos centrales del acuerdo es la reforma del sistema de asilo, que permitiría a un país de la UE rechazar una solicitud si el solicitante pudo haber recibido protección en un tercer país considerado seguro. En este marco, los Estados miembros consensuaron designar como “seguros” a los países candidatos a la adhesión a la UE, así como a Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez.
El ministro de Migración de Dinamarca, Rasmus Stoklund, señaló que una mayoría de países europeos ha defendido el procesamiento de solicitudes de asilo en terceros países seguros como vía para reducir los incentivos a emprender rutas migratorias peligrosas hacia Europa. Según explicó, el nuevo enfoque permitirá acuerdos bilaterales para tramitar solicitudes fuera del territorio comunitario.
En paralelo, los Estados miembros también acordaron el funcionamiento del llamado “fondo de solidaridad” para 2026, que contempla opciones como la reubicación de hasta 21.000 personas, una contribución financiera de 420 millones de euros o medidas alternativas para apoyar a los países del Mediterráneo más presionados por los flujos migratorios.
Otro aspecto relevante es el acuerdo sobre una nueva regulación de retornos, que establecería normas comunes en toda la UE para la deportación de migrantes en situación irregular. Entre las medidas propuestas figuran obligaciones más estrictas para quienes reciban órdenes de retorno por primera vez, la posibilidad de penas de prisión por falta de cooperación y la creación de centros de retorno fuera o dentro del territorio europeo.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han reaccionado con preocupación. Amnesty International, a través de su experta en migración y asilo Olivia Sundberg Diez, calificó el enfoque acordado como punitivo y advirtió que se asemeja a políticas aplicadas en Estados Unidos. Según la organización, estas medidas podrían suponer una reducción sin precedentes de derechos basada en el estatus migratorio, aumentando la inseguridad jurídica y la vulnerabilidad de miles de personas.
El debate ahora se traslada al Parlamento Europeo, donde se definirán los equilibrios finales entre control migratorio, solidaridad entre Estados miembros y respeto a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y protección de refugiados.
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