Este viernes, entró en vigor en Cuba la controvertida Ley de Comunicación Social, una legislación que fue aprobada por el Parlamento en mayo de 2023 y publicada en la Gaceta Oficial en junio de 2024. Aunque presentada como un avance para regular los medios de comunicación en la isla, la nueva ley ha sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos y medios independientes que señalan que la normativa refuerza el control del gobierno sobre la libertad de expresión y restringe aún más la labor de la prensa no oficial en Cuba.
La ley es la primera de su tipo en más de 70 años y, además de permitir por primera vez desde 1959 la publicidad comercial en los medios oficiales, establece un marco regulador para la comunicación en ámbitos como el ciberespacio y la publicidad en eventos culturales y deportivos. Sin embargo, uno de los aspectos más problemáticos es que reafirma la prohibición de los medios independientes y consolida la censura estatal al restringir cualquier contenido que se considere desestabilizador para el «Estado socialista», tanto en los medios tradicionales como en los digitales.
Exclusión de la prensa independiente
Una de las principales críticas a la Ley de Comunicación Social es su exclusión explícita de cualquier medio que no esté vinculado al Estado, el Partido Comunista de Cuba (PCC) o las organizaciones de masas controladas por el gobierno. Esta medida deja a los medios digitales independientes, que han sido una voz crítica frente a las narrativas oficiales, en una situación de completa ilegalidad. Desde su aprobación, esta ley ha sido vista como una herramienta para consolidar aún más el control absoluto del gobierno sobre la información que circula en la isla, sofocando cualquier intento de periodismo independiente.
La Constitución cubana de 2019 ya había establecido que todos los medios de comunicación debían ser «de propiedad socialista» y que no podrían existir bajo ninguna otra forma de propiedad. La Ley de Comunicación Social refuerza esta disposición, impidiendo la aparición de voces disidentes o críticas que no estén alineadas con la narrativa oficial. Para muchos, esto representa una violación clara de los derechos a la libertad de expresión y prensa, derechos que Cuba sigue limitando a pesar de las demandas tanto internas como internacionales.
Control sobre el ciberespacio y censura digital
Otro de los aspectos alarmantes de la ley es su regulación sobre el ciberespacio, que incluye a influencers y otros creadores de contenido digital. En los últimos años, las plataformas digitales se han convertido en uno de los pocos espacios donde algunos cubanos han podido expresar sus críticas al gobierno o abordar temas que son considerados tabú en los medios oficiales. Con esta nueva normativa, el gobierno cubano refuerza su capacidad para censurar estos espacios, dificultando aún más la labor de los medios y periodistas independientes que recurren a las redes sociales para difundir sus informaciones.
La ley también prohíbe explícitamente la divulgación de cualquier información que, a juicio del gobierno, pueda «desestabilizar el Estado socialista», una definición lo suficientemente vaga como para justificar la censura de prácticamente cualquier contenido que no sea favorable al régimen. Este nivel de control pone en riesgo el acceso a una información libre y veraz, y refuerza el monopolio del Estado sobre los medios de comunicación.
Un retroceso en derechos fundamentales
Diversas organizaciones internacionales han denunciado que la Ley de Comunicación Social en Cuba supone un retroceso en cuanto a los derechos fundamentales de libertad de prensa y expresión. La censura estatal no es un fenómeno nuevo en Cuba, pero esta nueva legislación amplía las herramientas del gobierno para silenciar aún más cualquier forma de disidencia o crítica.
El hecho de que los medios independientes no tengan un marco legal para operar en el país y que cualquier información contraria al gobierno pueda ser suprimida, evidencia que la ley no está diseñada para fomentar una prensa plural ni para garantizar el derecho de los ciudadanos a estar informados. En lugar de promover la diversidad informativa, esta ley refuerza el control del Estado sobre el flujo de información, consolidando la censura y el monopolio sobre los medios en Cuba.
Implicaciones para el futuro de la información en Cuba
A medida que esta ley comience a aplicarse, es probable que las voces críticas enfrenten mayores desafíos para ejercer su labor periodística en la isla. La introducción de la publicidad y el patrocinio en los medios oficiales, si bien podría proporcionar una nueva fuente de ingresos para estos, no cambia el hecho de que solo los medios controlados por el Estado tendrán derecho a operar legalmente. Esto refuerza la estructura cerrada y vertical del sistema informativo cubano, donde no hay espacio para el periodismo independiente.
En este contexto, la Ley de Comunicación Social representa una consolidación del modelo de censura cubano, dejando fuera a las voces que buscan ofrecer una narrativa alternativa o crítica. Mientras tanto, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos seguirán denunciando esta ley como un ataque directo a la libertad de prensa y expresión en Cuba.
