El Gobierno de Cuba informó que mantiene comunicación activa con autoridades de Estados Unidos, incluido el Departamento de Estado y el Servicio de Guardacostas, tras el enfrentamiento ocurrido frente a la costa norte de Villa Clara, donde murieron cuatro tripulantes de una embarcación con matrícula de Florida. La parte cubana calificó el hecho como “un intento de infiltración con fines terroristas”.
El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío declaró que está en curso un proceso investigativo y que La Habana solicitará información a Washington “sobre los implicados, el medio utilizado y otros detalles” mediante los mecanismos bilaterales vigentes. Aseguró además que las autoridades estadounidenses “han mostrado disposición a cooperar”.
Según la versión oficial cubana, los diez individuos involucrados fueron identificados, cuatro de ellos fallecidos en el incidente. El funcionario añadió que inicialmente se incluyó por error a otra persona en la lista de implicados, aclaración que fue rectificada posteriormente.
Las autoridades cubanas sostienen que en la embarcación se ocuparon fusiles de asalto, fusiles de francotirador, pistolas, cócteles Molotov, municiones, equipos de visión nocturna y chalecos antibalas, entre otros objetos. No obstante, el propio comunicado subraya que la información es preliminar y que se divulgarán más detalles en los próximos días. Hasta el momento, no se ha presentado públicamente evidencia independiente que permita verificar el inventario anunciado.
Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que Estados Unidos realizará su propia verificación antes de asumir conclusiones sobre lo ocurrido y evitó validar la narrativa oficial cubana sin corroboración.
Fernández de Cossío enmarcó el incidente dentro de lo que describió como una historia prolongada de actos violentos organizados desde territorio estadounidense contra Cuba. Indicó que dos de los presuntos implicados figuran en una lista nacional de personas vinculadas a investigaciones por terrorismo, la cual —según afirmó— fue compartida con autoridades estadounidenses en 2023 y 2025.
El episodio ocurre en un contexto de relaciones bilaterales tensas y bajo creciente escrutinio internacional. Mientras La Habana insiste en la existencia de una operación organizada con fines violentos, Washington mantiene cautela y centra su postura en la necesidad de una investigación independiente y verificable.
El desarrollo de las pesquisas en ambos países será determinante para esclarecer si se trató de una operación planificada, un hecho criminal aislado o un incidente con implicaciones políticas más amplias.
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