Manifestantes contra la ocupación ilegal en España

La Comunidad de Madrid exige un marco legal para agilizar las desokupaciones

El Ayuntamiento de Madrid ha solicitado al Gobierno de España la creación de un marco normativo que permita acelerar los procesos de desokupación, argumentando que la legislación vigente favorece la okupación ilegal en detrimento de los propietarios.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y MovilidadBorja Carabante, expresó esta demanda durante una visita al Palacio de Cristal del distrito de Arganzuela. En declaraciones a la prensa, advirtió que la okupación ha ido en aumento, no solo en la capital, sino en todo el país.

Preocupación tras un incidente en un ‘hotel okupa’ de San Blas

Las declaraciones de Carabante llegan luego de un suceso en el distrito de San Blas, donde un hombre de 40 años falleció y una mujer resultó herida tras ser apuñalados en un edificio ocupado. El presunto agresor también sufrió heridas y fue detenido por la Policía Nacional, que sigue investigando el caso.

El delegado insistió en que «la legislación actual protege más al okupa que al propietario», lo que, según él, ha generado un incremento de estos casos. Respecto al incidente en San Blas, confirmó que tanto la Policía Nacional como la Policía Municipal están trabajando para erradicar los focos de violencia e inseguridad relacionados con la okupación.

Reclaman más presencia policial en Madrid

Además de la problemática de la okupación, Carabante subrayó la necesidad de incorporar 1.000 agentes más a las calles de la ciudad para reforzar la seguridad ciudadana. En este sentido, instó al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno a aumentar los efectivos de la Policía Nacional en la capital.

Si el Estado no atiende esta demanda, el Ayuntamiento pide que se le autorice a contratar directamente nuevos agentes para reforzar la Policía Municipal y mejorar la seguridad en los barrios más afectados.

Reforzadas las medidas de seguridad en Carabanchel

El delegado también se refirió a las quejas de los vecinos de la Avenida de Oporto, en Carabanchel, sobre la inseguridad en la zona. Explicó que, tras varias reuniones con la Junta Municipal de Distrito, se estableció un punto fijo de vigilancia de la Policía Municipal, lo que ha resultado en la imposición de 4.100 sanciones por comportamientos incívicos durante 2024.

Con estas medidas, el Ayuntamiento de Madrid busca presionar al Gobierno central para endurecer las normativas contra la okupación y mejorar la seguridad en la ciudad, mientras continúan los operativos para reducir la incidencia de estos casos.

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