CARACAS — La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley de amnistía orientada a liberar a centenares de personas procesadas o condenadas por motivos políticos entre 2002 y 2025, en lo que autoridades califican como un intento de fomentar la reconciliación nacional y reducir la confrontación política que ha marcado al país durante más de dos décadas.
La normativa, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, establece que la amnistía cubrirá delitos políticos y hechos conexos ocurridos en distintos episodios de conflictividad política, incluyendo protestas, crisis institucionales y procesos electorales controvertidos. Según el texto aprobado, el objetivo central es favorecer la convivencia democrática y promover un clima de estabilidad tras años de polarización.
El alcance de la medida incluye la extinción de procesos judiciales, la anulación de condenas firmes relacionadas con delitos políticos y la eliminación de antecedentes penales. Asimismo, contempla la finalización de medidas cautelares, restricciones judiciales y solicitudes de extradición vinculadas a estos casos, lo que podría facilitar el retorno de ciudadanos en el exilio político.
Sin embargo, la ley establece exclusiones claras. Quedan fuera los casos vinculados a violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional grave, narcotráfico y acciones armadas o con apoyo extranjero. Estas limitaciones han sido interpretadas por organizaciones defensoras de derechos humanos como un intento de equilibrar la reconciliación política con las obligaciones internacionales en materia de justicia.
Sectores de la sociedad civil y organizaciones independientes han valorado positivamente la posibilidad de excarcelaciones, aunque advierten que el alcance temporal y material de la amnistía podría dejar fuera a numerosos casos. Algunos especialistas señalan que la ley solo cubre períodos concretos dentro del ciclo político iniciado a principios de siglo, lo que limitaría su impacto real.
Otro punto relevante es la situación de opositores y activistas fuera del país. El texto final permite solicitar la amnistía mediante representación legal sin necesidad de regresar previamente a Venezuela, una modificación que redujo tensiones durante el debate parlamentario y amplió el potencial número de beneficiarios.
La aprobación ocurre en un contexto político especialmente sensible, marcado por cambios recientes en el liderazgo venezolano y por presiones internas e internacionales para avanzar hacia la estabilidad institucional. Diversos analistas consideran que la medida podría contribuir a disminuir tensiones, aunque advierten que su efectividad dependerá de la aplicación judicial, la transparencia del proceso y la evolución del escenario político.
En términos regionales, la iniciativa también es observada como un posible paso hacia la normalización diplomática y económica del país, aunque persisten dudas sobre si será suficiente para cerrar definitivamente las fracturas políticas acumuladas durante años.
La ley entrará plenamente en vigor tras su publicación oficial, momento a partir del cual tribunales y autoridades deberán iniciar la revisión de casos susceptibles de beneficiarse de la amnistía.
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