En Santiago de Cuba se celebró un juicio público en el que fue condenado un ciudadano cubano de 33 años, residente en Surinam desde 2022, acusado de tráfico internacional de drogas. El proceso estuvo relacionado con la Operación contra las Drogas, que se desarrolla actualmente en diversas provincias del país.
El acusado fue detenido en el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo Grajales, cuando a través de un control en la Aduana se le detectó en su equipaje un sillín de bicicleta que contenía 300 gramos de clorhidrato de cocaína con un 95 % de pureza. Según las investigaciones, el hombre había recibido los bienes de otra persona en Surinam a cambio de 84 dólares, con el encargo de entregarlos a un destinatario no identificado en Cuba.
El tribunal consideró que, de acuerdo con el artículo 20.1.2 inciso a) del Código Penal, el imputado actuó como autor directo del delito, en tanto fue él quien transportó la sustancia. El cargo quedó tipificado en el artículo 235.1 a) y 2 incisos c) y g), referido al tráfico de drogas ilícitas o sustancias de efectos similares, delitos cuya sanción puede ir desde diez años de cárcel hasta cadena perpetua o incluso la pena de muerte, dependiendo de la gravedad de los hechos.
Finalmente, la Sala de lo Penal impuso al acusado 13 años de privación de libertad, además de sanciones accesorias como la pérdida de derechos, el decomiso de la droga y de otros bienes incautados durante la investigación.
El tribunal tuvo en cuenta como atenuantes que el procesado no poseía antecedentes penales, mantenía una conducta social adecuada y no había estado vinculado previamente al consumo o tráfico de drogas. Sin embargo, subrayó la responsabilidad penal derivada de aceptar trasladar encargos de terceros, práctica que puede convertir a las personas en cómplices de delitos de tráfico internacional.
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