Una jueza federal en Washington D.C. emitió un dictamen que limita temporalmente la aplicación de la “expulsión inmediata” de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, una medida impulsada por el gobierno de Donald Trump en enero de 2025.
La magistrada Jia M. Cobb determinó que la política de deportación acelerada, que permite la expulsión de inmigrantes sin audiencia judicial si no logran demostrar al menos dos años de residencia continua en el país, no puede aplicarse de manera generalizada a quienes son arrestados dentro del territorio y lejos de la frontera.
Según el dictamen de 48 páginas, el procedimiento no garantiza el debido proceso legal a las personas que ya viven en el interior del país. Cobb subrayó que, si se aceptara el argumento del gobierno de que los inmigrantes indocumentados no tienen derecho a protección bajo la Quinta Enmienda, “no solo los no ciudadanos, sino todos estaríamos en riesgo”.
La jueza aclaró que la política original de deportaciones rápidas —usada desde hace años en la frontera sur para quienes son detenidos a menos de 100 millas de la línea limítrofe y con menos de 14 días de estancia en EE.UU.— seguirá vigente. El freno afecta únicamente a la expansión de esta práctica al interior del país.
La medida fue cuestionada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la organización Make The Road New York, que interpusieron la denuncia en nombre de los inmigrantes afectados. Argumentaron que la expansión de la política viola no solo la Quinta Enmienda, sino también la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Ley de Procedimiento Administrativo.
El fallo representa un revés para los planes de la administración Trump, que había anunciado la aplicación de deportaciones masivas bajo este mecanismo. Sin embargo, se trata de una decisión temporal, a la espera de que el proceso judicial avance.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate entre el control migratorio y la garantía de derechos fundamentales para los inmigrantes, en un momento en que la política migratoria estadounidense se encuentra bajo un fuerte escrutinio público y legal.
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