Un tribunal en España decidió continuar el proceso judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, en una causa que examina presuntas irregularidades relacionadas con tráfico de influencias, gestión de fondos y vínculos con proyectos empresariales y académicos.
La decisión, adoptada por el magistrado Juan Carlos Peinado, establece un plazo de cinco días para que las partes definan si solicitan la apertura de juicio oral, lo que marcaría el inicio de una nueva etapa procesal. El juez también ordenó la incorporación de nuevas pruebas, incluyendo documentación vinculada a una cátedra universitaria bajo investigación.
El caso se centra en actividades desarrolladas tras la llegada de Sánchez al poder, periodo en el que, según la acusación, Gómez habría ampliado su red de contactos profesionales en el ámbito académico, particularmente en iniciativas asociadas a la Universidad Complutense de Madrid.
Uno de los ejes de la investigación es una cátedra orientada a proyectos de transformación social, en la que se habrían canalizado fondos provenientes de empresas privadas, con cifras que superan los 300.000 euros, mientras que la universidad estima un posible impacto económico superior a los 100.000 euros.
En el proceso también están implicados la asesora María Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Según las acusaciones, Álvarez habría intervenido en la gestión de proyectos utilizando recursos institucionales, mientras que Barrabés habría participado en iniciativas que posteriormente obtuvieron respaldo en procesos de contratación pública.
Las defensas rechazan los señalamientos y sostienen que no existe delito, argumentando que los proyectos tenían carácter académico, que no hubo beneficio personal y que las actuaciones se ajustan a prácticas habituales en ese entorno.
Por su parte, el Ministerio Fiscal, que inicialmente había solicitado el archivo del caso, reconoce ahora que existen elementos suficientes para su análisis en sede judicial.
La resolución no implica una condena, pero abre la posibilidad de que el caso avance a juicio, en un contexto de creciente atención sobre la relación entre poder político, actividad privada y uso de recursos en España.
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