Un juez federal declaró ilegal este jueves el programa conocido como «parole in place,» impulsado por la Administración Biden, que otorgaba a cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses un estatus legal temporal en el país. La decisión también bloquea la vía más directa hacia la ciudadanía que esta política facilitaba para esos inmigrantes.
El fallo fue emitido por el juez de distrito J. Campbell Barker, quien respondió a una demanda presentada por 16 estados liderados por fiscales generales republicanos. Estos estados argumentaron que la medida incentivaba la inmigración ilegal y debía ser invalidada. Barker ya había suspendido temporalmente el programa en agosto mientras revisaba su legalidad, tras la implementación de esta medida anunciada por el presidente Joe Biden en junio. En su decisión más reciente, el juez concluyó que la Administración carecía de la autoridad necesaria para instaurar esta política sin la aprobación del Congreso.
La orden anterior, emitida en agosto, permitió que el Departamento de Seguridad Nacional aceptara solicitudes bajo el formulario I-131F de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). No obstante, con el nuevo fallo, el gobierno ya no podrá procesar solicitudes ni otorgar permisos bajo el programa.
Aunque el Departamento de Justicia podría apelar la decisión, el próximo presidente electo, Donald Trump, ha sido un crítico abierto de las políticas migratorias de Biden y podría eliminar el programa una vez asuma el cargo. Este programa, denominado «Keeping Families Together» (Mantener a las Familias Unidas), ofrecía una vía legal para aproximadamente medio millón de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses, permitiéndoles obtener la residencia permanente sin tener que salir del país.
Para calificar bajo esta política, los solicitantes debían probar una residencia continua de 10 años en Estados Unidos y demostrar que el matrimonio con el ciudadano estadounidense era anterior a la fecha de lanzamiento del programa, el 17 de junio. Además, los antecedentes penales de los solicitantes eran revisados estrictamente; delitos graves, violencia doméstica o ciertas infracciones relacionadas con drogas descalificaban a los candidatos.
La demanda contra la política de «parole in place» fue interpuesta por Texas, Idaho, Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Louisiana, Missouri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming, quienes argumentaron que esta disposición comprometía la seguridad y legalidad en el manejo migratorio.
Con información de CBS News.
