Un grupo de más de 165 artistas, académicos, periodistas e intelectuales cubanos ha emitido una declaración pública en la que solicitan el respaldo de la comunidad internacional ante lo que describen como actos de hostigamiento y represalias contra estudiantes y profesores que han expresado de manera pública su desacuerdo con recientes decisiones gubernamentales en Cuba.
El pronunciamiento, titulado “No a la represión contra universitarios cubanos”, fue publicado a través de la plataforma Change.org y continúa abierto a nuevas adhesiones. El texto expresa solidaridad con el movimiento estudiantil surgido a raíz del incremento de tarifas de internet y servicios móviles, dispuesto por la empresa estatal ETECSA, las cuales ahora deben pagarse en dólares estadounidenses.
La declaración advierte que este cambio no solo encarece el acceso a las comunicaciones, sino que genera una brecha más profunda entre quienes reciben apoyo del exterior y quienes carecen de ese respaldo, dejándolos potencialmente incomunicados. Además, los firmantes sostienen que la medida implica una transferencia indirecta de responsabilidades al exilio cubano para cubrir necesidades básicas de conectividad dentro de la isla.
En los últimos días, estudiantes de diversas provincias —incluyendo La Habana, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Villa Clara— han expresado su rechazo a las nuevas tarifas mediante pronunciamientos públicos y paros académicos, generando una ola de solidaridad dentro y fuera del país. El documento destaca que este movimiento, impulsado por una nueva generación de jóvenes cubanos, no se limita a una demanda material, sino que reclama dignidad, participación y respeto.
Entre los firmantes se encuentran figuras de relevancia nacional e internacional como Pavel Giroud, Yoani Sánchez, Achy Obejas, Rafael Rojas, Alina Bárbara López, Tania Bruguera y Carlos Manuel Álvarez, entre otros, quienes han llamado a proteger el derecho de los estudiantes a expresar sus opiniones sin temor a represalias.
Por su parte, autoridades gubernamentales han desmentido la existencia de un movimiento de protesta organizado, calificando las denuncias como parte de una campaña de desestabilización promovida desde el exterior, en particular desde círculos políticos y mediáticos radicados en Miami. Medios oficiales han insistido en que los señalamientos son “distorsiones interesadas” y que las medidas económicas buscan preservar la viabilidad del sistema de telecomunicaciones ante condiciones internacionales adversas.
A pesar de ello, los firmantes del llamado alertan sobre una posible escalada represiva similar a la ocurrida tras las protestas del 11 de julio de 2021, cuando centenares de ciudadanos fueron arrestados. La carta advierte que ya se observan señales de manipulación informativa y presión institucional, lo que refuerza la preocupación entre familiares y defensores de derechos humanos.
El movimiento estudiantil, según destacan observadores, marca un hito en la participación cívica juvenil, al retomar una tradición histórica de implicación en asuntos públicos. Su dimensión nacional y transversal, sumado al respaldo de una parte importante de la sociedad civil, ha convertido esta protesta en una manifestación visible de inconformidad, que va más allá de los reclamos técnicos sobre conectividad para colocar en el debate temas más amplios como la equidad, la voz ciudadana y el acceso a derechos fundamentales.
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