Félix Lázaro Reinoso Rodríguez, un joven cubano arrestado el pasado 23 de junio en su domicilio, fue encontrado muerto días después bajo circunstancias que su familia califica como profundamente irregulares. Su pareja, Greter Puerto Socorro, denunció una serie de hechos que ponen en entredicho el accionar de las autoridades implicadas en su detención y posterior fallecimiento.
Según su testimonio, Félix fue detenido por varias patrullas policiales sin que se encontrara evidencia de delito alguno tras un registro exhaustivo de su vivienda. Desde ese momento, la familia no volvió a verlo con vida. Al día siguiente, aunque se les permitió entregar artículos personales, no se autorizó ningún tipo de visita ni comunicación.
El jueves 26, tras firmar el contrato con el abogado defensor, la familia recibió la noticia de que Félix se había “fugado” del centro de detención durante la noche. La versión oficial asegura que escapó esposado y se arrojó a un canal con una piedra de 43 libras dentro de un pantalón corto, lo que habría provocado su ahogamiento. Para sus allegados, este relato carece de sentido: el joven era un buen nadador, y el tipo de ropa descrito difícilmente podría sostener un peso así. Además, destacan que, en situación de ahogo, el instinto humano es sobrevivir, no hundirse.
El cuerpo apareció al día siguiente en la Bahía y fue sometido a una necropsia sin presencia familiar. El informe preliminar indicó muerte por ahogamiento, pero con un margen de tiempo que no concuerda con la supuesta noche de la fuga. La familia asegura que el cadáver estaba en muy mal estado y que fue enterrado como “desconocido”, pese a haber sido previamente identificado por las autoridades. No se les permitió trasladar el cuerpo ni velarlo, y hasta el momento no se les ha entregado el acta de defunción.
Los hechos han generado una profunda indignación. La familia exige una investigación seria y rechaza la versión oficial, a la que califican de incoherente y carente de transparencia. Este caso vuelve a poner en evidencia la falta de garantías y el riesgo que enfrentan los ciudadanos cuando caen bajo custodia en un sistema donde aún prevalecen la opacidad y la impunidad.
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