La situación en Cuba ha alcanzado un nuevo y alarmante nivel de deterioro. Este fin de semana, la ciudad de Holguín fue escenario de un acto que ha causado profunda indignación: el robo de cables eléctricos en el Hospital Vladimir Ilich Lenin, uno de los principales centros asistenciales del oriente del país. La acción delictiva dejó sin electricidad a áreas sensibles como fisioterapia y economía, afectando directamente la atención médica de pacientes.
El hecho fue denunciado a través del perfil “Cazador-Cazado”, una página afín a las autoridades policiales, que identificó al supuesto autor como Daniel Pérez Sánchez. Aunque la publicación carece de detalles técnicos —como la duración del apagón o el proceso de captura—, el tono empleado fue especialmente duro: “Pica pica es lo que lleva… El muy cabrón se prestó p’ picar los cables…”, una muestra clara de la indignación popular ante un acto que ha sido calificado sin rodeos como “sabotaje”.
Este incidente no es un caso aislado. Cuba ha experimentado un aumento sostenido en el robo de cables eléctricos, transformadores y componentes de infraestructura estatal, motivado en buena parte por la profunda crisis económica, el valor del cobre y otros materiales en el mercado negro, y la ausencia de alternativas laborales o ingresos estables para muchos ciudadanos. Sin embargo, que el blanco del robo haya sido un hospital añade un nivel de gravedad que resulta inaceptable desde cualquier punto de vista.
Robar a una institución médica es atentar contra la vida misma. Este tipo de acciones no solo agravan el deterioro del sistema de salud —ya golpeado por la falta de insumos, medicamentos y personal capacitado—, sino que exponen la fragilidad del tejido moral en sectores de la sociedad donde la desesperación ha reemplazado al civismo. En un contexto normal, robar a un hospital sería impensable; en el contexto cubano actual, es una señal del colapso ético al que se ha llegado.
Este episodio pone de relieve no solo la necesidad de fortalecer la seguridad de las instalaciones críticas, sino también la urgencia de restaurar condiciones mínimas de dignidad y viabilidad económica que disuadan a los ciudadanos de incurrir en este tipo de delitos.
La condena social es generalizada, pero mientras no haya soluciones estructurales, lo que hoy indigna podría repetirse mañana. Y eso, en un país ya al límite, sería simplemente insostenible.
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