En un giro significativo en las relaciones diplomáticas, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha declarado la intención de su gobierno de terminar el tratado de extradición con Estados Unidos. Esta decisión responde directamente a las recientes declaraciones de la embajadora estadounidense en Honduras, Laura Dogu, quien expresó preocupación sobre las conexiones del gobierno hondureño con la administración de Nicolás Maduro en Venezuela.
Según Europa Press, la embajadora Dogu calificó de «sorprendente» que funcionarios del departamento de defensa de Honduras se reunieran con el ministro de defensa venezolano, Vladimir Padrino López, a quien se refirió como un «narcotraficante». Estas declaraciones han provocado una reacción inmediata por parte de la presidenta Castro, quien expresó su rechazo a través de las redes sociales, condenando lo que considera una interferencia en los asuntos internos de Honduras.
«La injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes, es intolerable», manifestó Castro, subrayando un creciente descontento con la política exterior estadounidense hacia su país.
Como consecuencia de estas tensiones, la presidenta instruyó al ministro de Exteriores, Enrique Reina, a denunciar formalmente el tratado de extradición, un acuerdo bilateral que ha facilitado el intercambio de personas acusadas de delitos entre Honduras y Estados Unidos. Esta acción marca un paso preliminar hacia la disolución completa del tratado, reflejando una escalada en las fricciones entre ambos países.
El ministro Reina también expresó su descontento, calificando de «insorportable» la crítica estadounidense. Según Reina, las autoridades hondureñas simplemente participaron en una competencia de academias militares, y las acusaciones y descalificaciones de sus funcionarios representan una amenaza directa a la independencia y soberanía de Honduras.
Esta decisión de Honduras de revaluar sus acuerdos con Estados Unidos sugiere un periodo de recalibración en sus relaciones internacionales, especialmente en lo que concierne a la cooperación judicial y de seguridad con Washington. La medida también puede ser vista como un indicador del creciente desafío de los países latinoamericanos a las políticas diplomáticas de Estados Unidos en la región.
