El Gobierno de España ha cerrado filas este lunes en defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo decidiera procesarlo por un presunto delito de revelación de secretos, en relación con el caso del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El magistrado Ángel Hurtado, instructor del caso, sostiene que García Ortiz habría filtrado a la prensa un correo electrónico de la defensa de González Amador en el que este se ofrecía a reconocer delitos fiscales para alcanzar un acuerdo, actuación que —según el juez— se produjo por indicaciones del Gobierno con el objetivo de «ganar el relato» mediático.
En el auto también ha sido procesada Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid. La acusación se fundamenta en un posible uso indebido de las diligencias fiscales y en la supuesta colaboración para elaborar una nota de prensa que desmintiera informaciones difundidas por medios como El Mundo.
El caso ha generado fuertes reacciones dentro del Ejecutivo. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha negado de forma «rotunda y categórica» que el Gobierno diera instrucciones a la Fiscalía y ha reafirmado su confianza en García Ortiz. «Entre fiscales y defraudadores confesos, el Gobierno está con los fiscales», declaró.
También se han pronunciado otros miembros del gabinete. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, subrayó la importancia de preservar la presunción de inocencia, mientras que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respaldó la labor del fiscal general, al que definió como un profesional que realiza un «trabajo extraordinario».
En cambio, el magistrado Hurtado ha señalado que el fiscal general borró el contenido de sus dispositivos móviles y de su cuenta de correo personal, lo que —a su juicio— frustró parte de la investigación. Además, acusó a la Fiscalía de actuar con motivaciones políticas, involucrando incluso a personal de La Moncloa en la difusión del correo electrónico.
Pese a la polémica, la causa se encuentra todavía en fase de instrucción. García Ortiz podrá presentar recurso ante el propio magistrado y ante la Sala de Apelación del Supremo.
Desde el Ejecutivo insisten en que no existe condena ni indicios suficientes para cuestionar la continuidad del fiscal general, y advierten que cualquier acusación de esta naturaleza debe estar debidamente sustentada en pruebas. «Al final, la verdad relucirá», declaró el ministro Torres.
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