El Consejo de Ministros de España aprobará este martes el denominado «plan antibulos», una medida anunciada por el presidente Pedro Sánchez en respuesta a la creciente preocupación por la desinformación. Este plan fue presentado tras la controversia surgida en torno a una investigación judicial que involucra a su esposa, Begoña Gómez. El presidente ha instado al Partido Popular (PP) a apoyar esta iniciativa, que busca combatir la propagación de noticias falsas y mejorar la transparencia en los medios de comunicación.
Durante una reciente reunión en el Congreso de los Diputados, en la que participaron miembros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Sánchez defendió el plan como un mecanismo para reforzar la transparencia y la pluralidad en el sistema político y mediático español. El presidente subrayó que la medida está respaldada por la Constitución española y por normativas europeas que promueven el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz.
El plan, que también responde a directrices del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, propone medidas como la publicación obligatoria de los propietarios de los medios de comunicación y la transparencia sobre los fondos que reciben de la publicidad estatal. Según Sánchez, es fundamental que España adopte estas disposiciones europeas, ya que de lo contrario «no se entendería que se voten a favor en Estrasburgo y en contra en el Congreso de los Diputados».
El Partido Popular, sin embargo, ha expresado su rechazo a cualquier propuesta que, en su opinión, implique un control sobre los medios de comunicación. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo argumenta que el verdadero problema no reside en la democracia española, sino en el propio gobierno de Sánchez. Además, los populares consideran que el plan está vinculado a la reciente investigación judicial sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente, acusada de corrupción y tráfico de influencias. Para el PP, la propuesta es una «cortina de humo» para desviar la atención pública de los casos de corrupción que involucran al gobierno.
El plan antibulos tiene tres áreas principales de aplicación: el Poder Ejecutivo, el Legislativo y los medios de comunicación. Entre las medidas propuestas para el Ejecutivo, se incluye una «Estrategia Nacional de Gobierno Abierto» y una nueva ley que amplíe el acceso a la información para los ciudadanos. En cuanto al Legislativo, el gobierno necesitaría el apoyo de otros grupos para aprobar reformas en los reglamentos del Congreso y el Senado, endureciendo sanciones para los parlamentarios que no presenten sus declaraciones de bienes y promoviendo debates obligatorios entre los candidatos electorales.
En el ámbito de los medios de comunicación, el plan busca actualizar la ley de publicidad institucional, con el objetivo de asegurar que los medios privados publiquen información clara sobre su propiedad, audiencia y fuentes de financiación. También se propone limitar el dinero público destinado a los medios con baja circulación y reforzar el derecho a la rectificación y el honor. Además, el gobierno destinará 100 millones de euros para ayudar en la digitalización de los medios de comunicación, como parte de su compromiso de apoyar el tránsito del periodismo en papel al digital.
El Partido Popular ha sido claro en su rechazo a estas propuestas, argumentando que cualquier intento de ampliar el control sobre los medios es preocupante y comparable con prácticas de regímenes autoritarios. Desde el PP, insisten en que Sánchez no debería intervenir en la gestión de los medios ni establecer criterios sobre lo que constituye buen periodismo, señalando el riesgo de censura y falta de independencia informativa.
Con las elecciones generales a la vista y la polémica en torno a este plan, el debate sobre la regulación de los medios y la lucha contra la desinformación se ha intensificado en el panorama político español.
