El gobierno de Javier Milei ha ordenado la revocación de la pensión que percibía la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tanto por su mandato presidencial como por la asignación derivada de la pensión de su fallecido esposo, Néstor Kirchner. Según reporta Europa Press, la decisión del Ejecutivo responde a la reciente ratificación judicial de la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua de Fernández en el marco de la conocida ‘Causa Vialidad’, en la que se investigaron supuestos fraudes en contratos de obra pública.
La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó esta semana la condena impuesta a Fernández, aunque queda abierta la posibilidad de un recurso ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, el gobierno de Milei ha actuado de forma inmediata para suspender las pensiones adicionales de la exmandataria, argumentando que estos beneficios resultan «incompatibles con la condena» y «un privilegio injusto».
A través del Ministerio de Capital Humano, el gobierno anunció la cancelación de los beneficios otorgados a Fernández, calificándola de “necesaria consecuencia” por la «indignidad» del fallo judicial que la declaró culpable de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Manuel Adorni, portavoz del gobierno, confirmó en rueda de prensa que la expresidenta dejará de percibir un total de 21,8 millones de pesos mensuales (aproximadamente 4.700 euros), lo que, según él, representará un importante “ahorro” para las arcas públicas.
Adorni enfatizó que estas pensiones constituyen “privilegios que no deberían existir”, especialmente cuando quien las recibe ha sido condenada por delitos contra la administración pública. No obstante, aclaró que Fernández seguirá recibiendo los pagos que le correspondan de acuerdo con sus aportaciones al sistema de pensiones.
El Ejecutivo argentino ha presentado esta decisión como un paso en la política de austeridad y transparencia que el presidente Milei ha defendido desde su llegada al poder, con el objetivo de reducir el tamaño de la administración y los gastos del Estado. La medida, explican desde el gobierno, se alinea con el principio de «ejemplaridad» y busca poner fin a las pensiones especiales para figuras políticas que han incurrido en actos de corrupción.
