El consumo de drogas entre los jóvenes en Cuba, que ha alcanzado edades alarmantemente tempranas de 13 y 14 años, se ha convertido en una preocupación central para el gobierno, que ha intensificado su campaña contra esta creciente epidemia. Recientemente, las calles de La Habana han sido escenario de impactantes vídeos que muestran a jóvenes en estado de intoxicación extrema, comparables a «zombis», debido al consumo de drogas sintéticas conocidas como «químico».
Este fenómeno se ha agudizado debido a una serie de factores socioeconómicos críticos. Según el joven Daniel Concepción, entrevistado recientemente, «Cuba es una decepción para los jóvenes. No hay futuro, no hay nada. Eso seguro no lo dicen en el congreso de la UJC. Te piden construir la felicidad, ¿qué felicidad? Si aquí desde que te levantas es rezando porque no quiten la corriente y pensando en qué comerás».
La falta de oportunidades económicas, la ausencia de espacios recreativos saludables, y las severas dificultades económicas que enfrenta la isla son vistos como factores clave que empujan a los jóvenes hacia el consumo de drogas. Las políticas de ordenamiento económico implementadas por el gobierno no han logrado aliviar estas presiones, y en cambio, han contribuido a un escenario de descontento y desesperanza entre la población más joven.
En respuesta a esta crisis, el gobierno, a través de su Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Interior, ha lanzado una serie de iniciativas para combatir el tráfico de drogas y prevenir su consumo. Estas incluyen campañas educativas en escuelas, aumento en los recursos para rehabilitación y asistencia social, y una mayor colaboración con agencias internacionales para cortar el flujo de drogas hacia la isla.
No obstante, el desafío es amplio y requiere de un enfoque holístico que no solo aborde la represión del tráfico y consumo de drogas, sino que también mejore las condiciones de vida, cree oportunidades de desarrollo económico y proporcione alternativas atractivas y saludables para la juventud cubana. El gobierno reconoce la urgencia de esta problemática y está comprometido en su resolución, pero queda claro que la solución a estos problemas estructurales necesitará más que solo medidas punitivas o de control.
