La Fiscalía Provincial de Holguín confirmó el inicio de un proceso penal contra Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayaz Pérez, investigados por los presuntos delitos de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir tras publicaciones difundidas desde el espacio digital identificado como “El4tico”. Ambos permanecen bajo prisión provisional mientras avanzan las investigaciones, según la información oficial.
De acuerdo con la Fiscalía, las publicaciones cuestionadas habrían incitado a sectores de la población, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, a promover cambios en el orden político vigente, además de incluir contenidos considerados difamatorios hacia instituciones estatales. La institución aseguró que el proceso se desarrolla conforme a la Ley del Proceso Penal y con respeto a las garantías constitucionales.
Sin embargo, el caso ha generado una nueva ola de críticas sobre el marco jurídico cubano, particularmente por la aplicación de figuras penales que diversos juristas, organizaciones de derechos humanos y analistas consideran excesivamente amplias o ambiguas, lo que —según estos criterios— facilita su utilización contra el disenso político, la crítica institucional o la expresión independiente en plataformas digitales.
El Código Penal cubano contempla delitos relacionados con la propaganda, la instigación, el desacato y otras figuras vinculadas a la protección del orden político. Expertos señalan que estas normas, aunque justificadas oficialmente como herramientas para preservar la estabilidad institucional, pueden traducirse en restricciones prácticas a la libertad de expresión, prensa y asociación, especialmente cuando se aplican a opiniones, análisis políticos o activismo digital.
Observadores independientes sostienen que la coexistencia de garantías constitucionales sobre libertad de expresión con disposiciones penales restrictivas crea una tensión jurídica persistente. En la práctica, argumentan, esa contradicción genera autocensura, limita el debate público y dificulta el desarrollo de un espacio cívico plural, especialmente en el ámbito digital donde el control estatal ha aumentado en los últimos años.
Asimismo, el uso recurrente de medidas cautelares severas como la prisión provisional en casos relacionados con expresión pública ha sido señalado como un elemento que desincentiva la crítica abierta, al elevar el costo personal y legal de manifestar opiniones divergentes.
Por su parte, las autoridades cubanas defienden estas acciones como parte de la protección del orden constitucional y la estabilidad social, insistiendo en que los procesos se realizan dentro del marco legal vigente. No obstante, el contraste entre ese discurso oficial y las críticas internas y externas mantiene abierto un debate que sigue marcando la agenda política y social del país.
El caso de Holguín, más allá de su desenlace judicial, vuelve a poner sobre la mesa una discusión estructural: hasta qué punto la legislación actual permite el ejercicio pleno de la libertad de expresión y qué reformas serían necesarias para equilibrar seguridad institucional y derechos civiles en el contexto cubano contemporáneo.
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