La Fiscalía de Bolivia ha emitido una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales en relación con una investigación por presuntos delitos de trata de personas y estupro. La denuncia alega que Morales, quien gobernó Bolivia de 2006 a 2019, habría mantenido una relación con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo un hijo. El caso involucra a una joven que formaba parte del grupo juvenil denominado ‘Generación Evo’, creado durante su mandato.
Sandra Gutiérrez, fiscal departamental de Tarija, anunció la orden de arresto después de que Morales no compareciera a una citación judicial en esa ciudad. Según la fiscal, la decisión se tomó tras notificar a Morales y a otros dos investigados, asegurando que no se han vulnerado sus derechos legales. La defensa del exmandatario había presentado un recurso solicitando que el caso fuera trasladado a Cochabamba, donde reside Morales, amparándose en una sentencia constitucional.
A pesar de esto, Morales no justificó su ausencia, lo que llevó a la fiscalía a tomar medidas para obligar su comparecencia. «No se está vulnerando ningún derecho», afirmó Gutiérrez, quien también señaló que es necesario que los implicados se presenten ante la justicia para responder a las acusaciones en su contra.
Mientras tanto, organizaciones sociales leales a Morales han advertido que podrían iniciar bloqueos de caminos a nivel nacional si la orden de aprehensión se ejecuta. El propio Morales ha calificado las acusaciones como parte de una «persecución política», asegurando que cuenta con el respaldo de más de 200 abogados que lo defenderán gratuitamente.
La denuncia contra Morales fue presentada el 26 de septiembre, poco después de que liderara una marcha en La Paz con demandas políticas y sociales. Durante la movilización, se le proclamó «candidato único» del Movimiento al Socialismo (MAS) para las elecciones de 2025. Esta nueva acusación ha generado la preocupación de organizaciones internacionales, como el Grupo de Puebla, que han manifestado que Morales podría estar siendo víctima de una «campaña de lawfare».
El expresidente ya había enfrentado acusaciones similares en el pasado. En 2020, el Ministerio de Justicia boliviano investigó otra denuncia anónima que señalaba una presunta relación de Morales con una menor de edad, con quien también habría tenido un hijo. Asimismo, en 2016, Morales fue vinculado sentimentalmente con Gabriela Zapata, exgerente de una empresa a la que el gobierno boliviano adjudicó millonarios contratos.
Este caso plantea nuevos desafíos para el exmandatario, quien, aunque ha estado distanciado del actual gobierno de Luis Arce, sigue siendo una figura influyente dentro de su partido y en la política boliviana. La investigación sigue en curso, mientras Morales y sus defensores continúan argumentando que estas acusaciones tienen motivaciones políticas.
