Mientras las provincias orientales de Cuba continúan enfrentando los severos efectos del huracán Melissa y una preocupante crisis sanitaria, la Fiscalía General anunció la apertura de un proceso penal contra el exministro de Economía Alejandro Gil Fernández y varios de sus colaboradores.
Según el comunicado oficial, los acusados enfrentan cargos que incluyen espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos, tráfico de influencias y daño de documentos oficiales, entre otros delitos. La nota asegura que las investigaciones se han desarrollado “con estricto apego a la ley” y que “se han respetado las garantías procesales establecidas”.
El anuncio llega en un momento especialmente delicado para el país, cuando miles de familias del oriente cubano todavía intentan recuperarse del paso del huracán Melissa, que dejó a su paso graves daños materiales, cortes prolongados de energía y brotes de enfermedades relacionadas con la falta de agua potable y saneamiento.
Diversos observadores y analistas consultados consideran que este proceso podría tener también una dimensión política, interpretándolo como un intento de desviar la atención pública de la compleja situación humanitaria y económica. Algunos comparan el caso con la histórica Causa 1/89, que en su momento buscó ejemplificar la “lucha contra la corrupción” dentro de las propias estructuras estatales.
Para parte de la ciudadanía, la noticia ha sido recibida con escepticismo, al coincidir con el agravamiento de la crisis de medicamentos y alimentos y con el visible colapso de la infraestructura sanitaria en varias provincias. Mientras tanto, voces críticas piden transparencia y justicia real, sin que el proceso se convierta en un mero acto simbólico.
En el contexto actual, la sociedad cubana enfrenta no solo los estragos de un fenómeno natural devastador, sino también la incertidumbre ante un panorama económico y social marcado por el deterioro institucional y el sufrimiento de la población más vulnerable.
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