El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha decidido no desestimar el caso contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, relacionado con supuestos pagos a Stephanie Clifford, conocida como ‘Stormy Daniels’. El caso se centra en acusaciones de falsificación de registros comerciales para ocultar un pago de 130.000 dólares a la exactriz de cine para adultos, presuntamente realizado para evitar que revelara una relación extramatrimonial poco antes de las elecciones presidenciales de 2016.
En un comunicado, el fiscal Bragg subrayó que «la inmunidad de un presidente electo no existe». Sin embargo, admitió que Trump no podría ser sentenciado mientras ocupe el cargo en la Casa Blanca. En su lugar, planteó la posibilidad de congelar cualquier sentencia hasta que deje el cargo o acepte los cargos sin cumplimiento de pena de cárcel.
Esta decisión surge tras la solicitud de los abogados de Trump de desestimar el caso, apoyándose en la reciente decisión del fiscal especial Jack Smith de archivar otros dos casos federales contra el exmandatario. Esos casos estaban relacionados con intentos de revocar los resultados de las elecciones de 2020 y la supuesta apropiación indebida de documentos clasificados.
Acusaciones previas y consecuencias legales
Trump fue acusado en abril de 2023 de 34 cargos relacionados con la ocultación del mencionado pago a Clifford. El caso llamó la atención internacional, ya que el expresidente aún no había sido confirmado como candidato oficial a las elecciones presidenciales de 2024.
Mientras tanto, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha señalado que otro caso de fraude civil contra Trump y varios de sus hijos «no representa ninguna carga para su futura Presidencia». Este proceso, que sigue en curso, acusa a Trump de inflar el valor de sus bienes en documentos financieros durante más de una década. El fallo inicial dictaminó que Trump y su familia deben aproximadamente 490 millones de dólares, incluidos intereses.
La batalla legal que enfrenta Trump continúa generando impacto en el ámbito político y judicial de Estados Unidos, a medida que se acerca el periodo electoral de 2024.
