Una familia cubana, compuesta por Guillermo Picos, su esposa y su hijo adolescente, ha sido deportada a Cuba en un movimiento inesperado que ha suscitado controversia y críticas hacia las autoridades migratorias de Estados Unidos. La familia, que residía en Carolina del Norte y había llegado a Estados Unidos a través de Arizona en noviembre de 2002, se encuentra ahora en una situación desesperada tras más de tres años de estancia en el país.
A pesar de poseer la documentación I-220A y de haber solicitado asilo, cuya petición fue inicialmente rechazada, la familia aún contaba con la esperanza de que su caso fuera reconsiderado mientras se encontraba bajo orden de deportación. Sin embargo, fueron deportados sin previo aviso, dejando tras de sí una situación confusa y angustiante.
Grisel Ybarra, la abogada de inmigración que representa a la familia, ha expresado su consternación y sorpresa ante los eventos. Con más de 40 años de experiencia en leyes de inmigración, Ybarra destacó la irregularidad del proceso, señalando que el modo en que se manejó la deportación de la familia Picos es inusual y potencialmente ilegal. «Es ilegal dejar una carta sin sello en un buzón», señaló Ybarra, refiriéndose a la forma en que las autoridades comunicaron a la familia su cita para la deportación.
Actualmente, Ybarra enfrenta el desafío de representar a la familia en una audiencia programada para el 18 de abril, a pesar de que sus clientes ya han sido deportados. Este caso pone de relieve las dificultades y las complicaciones legales que enfrentan muchas familias inmigrantes, especialmente en contextos donde las decisiones administrativas pueden alterar drásticamente la vida de las personas involucradas.
