El senador estadounidense Alex Padilla, demócrata por el estado de California, fue expulsado y detenido este 12 de junio durante una conferencia de prensa organizada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Los Ángeles, un incidente que ha desatado una ola de críticas y ha evidenciado la creciente polarización en torno a la política migratoria en Estados Unidos.
Según muestran múltiples videos difundidos en redes sociales y medios locales, Padilla interrumpió la intervención de la secretaria del DHS, Kristi Noem, quien se encontraba detallando las últimas medidas de control migratorio. En cuestión de segundos, el senador fue reducido por agentes armados, esposado y empujado al suelo, en un operativo donde participaron oficiales identificados con chalecos del FBI y elementos del servicio federal.
Aunque aún no se ha confirmado si fue formalmente arrestado, su detención fue corroborada por diversas fuentes oficiales, lo que ha encendido el debate sobre el uso de la fuerza y el respeto al fuero de un legislador federal en funciones.
Los defensores del operativo han alegado que la intervención policial fue necesaria para preservar el orden durante el evento, sin embargo, figuras políticas de alto perfil han rechazado lo sucedido. El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó el hecho como una «extralimitación inaceptable» y un «uso desproporcionado de la fuerza contra un representante electo«. Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, admitió que el estado «no ha sabido manejar adecuadamente la situación», en alusión a las protestas y redadas migratorias recientes.
El incidente se produce en un contexto de alta tensión en California, tras una serie de redadas masivas de ICE que han provocado manifestaciones en varias ciudades, generando confrontaciones entre autoridades federales y líderes estatales que critican la estrategia de la administración Trump en materia de migración.
La expulsión violenta de un senador en ejercicio de sus funciones —durante un acto oficial y ante cámaras— plantea interrogantes sobre los límites de la autoridad federal, el respeto al debate democrático y el creciente clima de confrontación institucional que vive el país.
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