Luego de una semana marcada por un fuerte rechazo popular, inusuales pronunciamientos estudiantiles y un clima de tensión social creciente, las autoridades cubanas anunciaron ajustes al polémico paquete de internet móvil que provocó una ola de quejas a nivel nacional. Por primera vez en mucho tiempo, una medida impopular parece haber sido revisada parcialmente tras la presión pública.
Durante la más reciente emisión del programa televisivo oficial “La Mesa Redonda”, comparecieron el ministro interino de Comunicaciones, la presidenta ejecutiva de ETECSA y el presidente nacional de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU). Allí reconocieron, en una mesa de aparente consenso, que la estructura actual de precios y beneficios de los planes móviles no respondía a las necesidades reales de la población, especialmente de los jóvenes.
Como resultado de este giro inesperado, la empresa estatal de telecomunicaciones anunció la habilitación en los próximos días de un nuevo plan intermedio, supuestamente más asequible, cuya disponibilidad busca mitigar el rechazo a los elevados costos actuales. Además, la vigencia de todos los planes adquiridos se extenderá hasta 35 días, una demanda reiterada por los usuarios ante la dificultad de renovar con regularidad los servicios por su alto precio en moneda nacional.
En el caso específico de los estudiantes universitarios, ETECSA permitirá la compra de un segundo paquete de 6 GB, medida que intenta responder a las múltiples críticas que surgieron incluso desde cinco facultades de la Universidad de La Habana, una expresión pública poco frecuente que demostró el malestar generalizado con las políticas de conectividad.
También se implementarán medidas de corte social: se habilitará el acceso libre de costo, mediante la red móvil, a plataformas educativas, científicas y de salud pública, y se facilitará el acceso a estudiantes menores de 18 años, aunque no se especificó de qué manera ni bajo qué criterios.
A pesar de estos anuncios, muchos consideran que los cambios son insuficientes y tardíos. Para numerosos usuarios en redes sociales, lo ocurrido confirma que las decisiones de política pública siguen siendo adoptadas de forma unilateral y sin consulta real, y que la rectificación llega solo cuando el descontento supera el umbral de lo gestionable.
Aunque algunos celebran que la presión social haya logrado abrir una pequeña grieta en el muro de decisiones cerradas, otros mantienen el escepticismo: “Esto huele más a teatro que a reforma”, escribía un usuario en redes. Sea como sea, lo cierto es que la conectividad en Cuba se ha convertido en un termómetro social, y lo que comenzó como una simple queja por los megas, ha terminado revelando una sociedad cada vez menos dispuesta a aceptar decisiones sin ser escuchada.
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