El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones contra cinco empresas cubanas y una integrante de la familia Castro, en un intento por limitar las fuentes de ingresos, los servicios financieros y las operaciones logísticas vinculadas con las estructuras económicas controladas por el Estado.
La medida alcanza a Almacenes Universales S.A., RAFIN S.A., Banco Financiero Internacional, GeoMinera S.A. y la Empresa Siderúrgica José Martí, conocida como Antillana de Acero. Washington también incluyó en la lista de sancionados a Annalie Lilliam Rueda Cardero, identificada por las autoridades estadounidenses como esposa de Alejandro Castro Espín.
Las designaciones fueron realizadas bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el pasado 1 de mayo. Esa disposición permite sancionar a personas y entidades relacionadas con la represión en Cuba, el aparato de seguridad y determinados sectores estratégicos de la economía.
Tres de las empresas señaladas mantienen vínculos con el Grupo de Administración Empresarial S.A., GAESA, conglomerado administrado por las Fuerzas Armadas que controla una parte significativa de la actividad financiera, turística, comercial y logística del país.
Almacenes Universales S.A. presta servicios de almacenamiento, transporte y manipulación de mercancías. Según el Departamento de Estado, la compañía desempeña un papel relevante en el movimiento de contenedores dentro de la Zona Especial de Desarrollo Mariel.
La inclusión de esta empresa podría añadir nuevas dificultades a operadores internacionales, navieras, proveedores y compañías extranjeras que utilicen las instalaciones logísticas vinculadas con Mariel.
RAFIN S.A. fue sancionada por su actividad dentro del sector financiero y por su función como componente de administración de fondos dentro del entramado empresarial de GAESA.
El Banco Financiero Internacional, conocido como BFI, también fue incorporado a la lista. Washington sostiene que la entidad, absorbida por GAESA en 2016, interviene en una parte considerable de las operaciones financieras realizadas entre empresas extranjeras y Cuba.
Las sanciones contra RAFIN y el BFI representan un nuevo golpe a los canales utilizados para procesar pagos, recibir divisas y administrar operaciones internacionales. También podrían incrementar la cautela de bancos extranjeros que mantengan relaciones directas o indirectas con instituciones cubanas.
El paquete alcanza además al sector de los minerales y los metales. GeoMinera S.A., empresa estatal subordinada al Ministerio de Energía y Minas, fue señalada por gestionar activos minerales y proyectos financiados mediante capital extranjero.
El Departamento de Estado mencionó específicamente sus vínculos con inversiones de la compañía australiana Antilles Gold y con Minera La Victoria, una sociedad sancionada previamente por Washington.
La otra compañía afectada es Antillana de Acero, considerada la mayor productora de acero crudo de Cuba. La planta había sido objeto de un proceso de modernización y ampliación realizado con asistencia de entidades rusas.
Estados Unidos también sancionó a Annalie Lilliam Rueda Cardero por su relación familiar con Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y antiguo responsable de estructuras de inteligencia y seguridad cubanas.
Castro Espín ya había sido sancionado el 4 de junio. La nueva designación extiende la presión financiera hacia su entorno familiar adulto, una posibilidad contemplada por la orden ejecutiva estadounidense.
Como consecuencia de las medidas, cualquier propiedad o participación perteneciente a los sancionados que se encuentre en Estados Unidos, o bajo control de ciudadanos y empresas estadounidenses, queda bloqueada y debe ser informada a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC.
También quedan bloqueadas las empresas que sean propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más de una o varias personas sancionadas.
Las personas y compañías sometidas a jurisdicción estadounidense tienen prohibido realizar transacciones, proporcionar fondos, bienes o servicios, o recibir recursos de las entidades incluidas en la lista, salvo que exista una licencia o una excepción aplicable.
El alcance puede ir más allá de Estados Unidos. El comunicado advierte que bancos, inversionistas y compañías extranjeras que mantengan operaciones con los sancionados también podrían exponerse a medidas secundarias.
Washington pidió especial precaución a las instituciones financieras no estadounidenses y advirtió que trasladar fondos o activos en beneficio de una entidad bloqueada podría generar riesgos legales y económicos.
El Departamento de Estado afirmó que las nuevas sanciones buscan impedir que las élites vinculadas con el poder cubano continúen obteniendo beneficios mientras la población enfrenta escasez de alimentos, medicamentos, combustible y electricidad.
La Administración Trump sostiene que GAESA funciona como el principal soporte financiero del aparato de seguridad cubano. La Habana, por su parte, suele responsabilizar a las sanciones estadounidenses por el deterioro económico y las dificultades para operar en los mercados internacionales.
Las nuevas designaciones podrían profundizar el aislamiento de instituciones financieras y empresas estatales cubanas, especialmente aquellas que dependen de bancos corresponsales, inversión extranjera, servicios portuarios o proveedores internacionales.
El impacto final dependerá de la aplicación de las restricciones por parte de OFAC y de la respuesta de bancos y socios comerciales, que frecuentemente adoptan medidas más amplias para evitar cualquier posible incumplimiento de las sanciones estadounidenses.
Fuente: Departamento de Estado de Estados Unidos, ficha informativa publicada el 23 de junio de 2026.
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