El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, anunció el 1 de agosto de 2024 el reconocimiento oficial de Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente electo de Venezuela, tras las elecciones celebradas el 28 de julio. Este respaldo llega en un contexto de creciente tensión y violencia en el país, donde la represión y los actos de violencia atribuidos al régimen actual han intensificado las críticas internacionales.
A pesar de la participación de más de 12 millones de venezolanos en las elecciones, las irregularidades reportadas por observadores internacionales como la misión del Centro Carter, y las propias publicaciones de actas de la oposición, han evidenciado un margen significativo a favor de González Urrutia. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), considerado afín al gobierno de Nicolás Maduro, anunció prematuramente su victoria sin presentar evidencia sólida ni resultados detallados, lo que ha generado dudas sobre la integridad del proceso electoral.
En medio de este clima político cargado, Venezuela enfrenta también graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Recientemente, se ha informado sobre el entierro de jóvenes víctimas asesinadas por lo que los críticos denominan la «narcodictadura chavista». Estos asesinatos han ocurrido en un contexto de represión, secuestros y actos de terror, exacerbados por la respuesta gubernamental a las protestas y demandas de cambio político.
Organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional han sido acusadas de mantener un silencio cómplice frente a estas acciones. Las críticas se centran en la falta de condenas firmes y medidas efectivas contra el gobierno de Maduro, que muchos consideran genocida por sus tácticas de intimidación y violencia contra la población civil.
El comunicado de Blinken también aborda las amenazas contra líderes opositores, incluidos González y María Corina Machado, destacando la necesidad urgente de proteger a los políticos y activistas que enfrentan riesgos por su participación en el proceso democrático. Estados Unidos ha expresado su disposición a apoyar una transición pacífica y el restablecimiento de las normas democráticas, y está buscando formas de reforzar estos principios junto con sus socios internacionales.
La situación en Venezuela sigue siendo crítica, con llamados a la acción internacional más decidida y efectiva para abordar tanto la crisis política como humanitaria que se profundiza día a día.
