Estados Unidos elevará desde este miércoles 23 de septiembre la presión económica sobre Irán mediante una ofensiva dirigida a impedir que sus aerolíneas puedan operar normalmente fuera del país, amenazando con sanciones a empresas extranjeras que les suministren combustible, servicios aeroportuarios o comercialización de boletos.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que Washington pretende que las aerolíneas iraníes queden prácticamente paralizadas a escala internacional y advirtió que las compañías que continúen prestándoles servicios podrían perder acceso al sistema financiero denominado en dólares.
La medida constituye una ampliación de las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro el pasado 8 de septiembre, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, incluyó a las aerolíneas iraníes que todavía no estaban sancionadas y señaló también a intermediarios, empresas de servicios y redes utilizadas por Teherán para adquirir aeronaves y tecnología.
El mecanismo no supone que Estados Unidos pueda ordenar directamente el cierre de un aeropuerto extranjero o prohibir jurídicamente que otro país reciba una aeronave iraní. Su capacidad de presión deriva fundamentalmente de las llamadas sanciones secundarias: empresas extranjeras pueden verse obligadas a elegir entre mantener negocios con entidades iraníes sancionadas o conservar su acceso al mercado, bancos y sistema financiero estadounidense.
Reuters informó que las nuevas restricciones ya han tenido consecuencias concretas. La aerolínea iraní Mahan Air redujo operaciones internacionales y Turquía y Omán acordaron previamente detener vuelos de esa compañía hacia sus territorios en medio de la presión estadounidense.
La estrategia forma parte de Operation Economic Outcast, la campaña impulsada por Washington para reducir los ingresos y las conexiones financieras internacionales de Irán. El Tesoro sostiene que parte del sector aeronáutico iraní ha sido utilizado para trasladar armas, personal y otros recursos vinculados a actividades militares.
La medida también reabre el debate sobre el alcance extraterritorial de las sanciones estadounidenses. Washington sostiene que puede condicionar el acceso a su sistema financiero y a su mercado a empresas que negocien con entidades sancionadas. Irán y otros gobiernos han cuestionado durante años ese modelo y lo consideran una aplicación extraterritorial de la legislación estadounidense.
Sin embargo, calificar jurídicamente estas medidas como una “violación flagrante del derecho internacional” no constituye un hecho establecido de forma automática. La legalidad de las sanciones secundarias es objeto de disputa entre gobiernos, juristas y organismos internacionales, y depende de la base jurídica, del tipo de transacción y de la jurisdicción involucrada.
La ofensiva contra la aviación iraní se produce mientras Washington mantiene una campaña más amplia para aislar económicamente a Teherán. El Tesoro reunió recientemente a instituciones financieras internacionales para compartir información destinada a detectar operaciones relacionadas con redes iraníes de financiación y evasión de sanciones.
Al mismo tiempo, las presiones económicas conviven con intentos diplomáticos. Irán ha enviado señales de que estaría dispuesto a negociar determinadas cuestiones con Washington durante la Asamblea General de Naciones Unidas, mientras Estados Unidos mantiene abierta públicamente la posibilidad de conversaciones.
El resultado de la nueva ofensiva dependerá en gran medida de hasta qué punto aeropuertos, compañías de combustible, bancos y operadores internacionales decidan asumir el riesgo de continuar trabajando con aerolíneas iraníes frente a la posibilidad de quedar excluidos del sistema financiero estadounidense.
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