Los ciudadanos de España y Portugal enfrentaron las mayores dificultades en Europa para mantener sus hogares calientes durante el invierno de 2023, según reporta Europa Press, basándose en el Informe del Estado de la Energía 2024 publicado este miércoles por la Comisión Europea. En ambos países, un 20,8% de la población no pudo mantener una temperatura adecuada en sus viviendas, un indicador de la creciente pobreza energética en la región.
Este porcentaje sitúa a España y Portugal como los países con mayor número de hogares afectados por esta situación en la Unión Europea, seguidos de Bulgaria (20,7%) y Lituania (20,0%). En el otro extremo, países como Luxemburgo (2,1%), Finlandia (2,6%), Eslovenia (3,6%) y Austria (3,9%) presentaron los niveles más bajos de dificultades para calentar sus hogares.
A nivel general, un 10,6% de los ciudadanos de la UE declararon tener problemas para mantener una temperatura adecuada en sus viviendas durante el invierno pasado, lo que representa un incremento del 1,3% en comparación con el año anterior. La Comisión Europea atribuye este aumento a la crisis energética y a la inflación resultante de factores como la guerra en Ucrania y las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo.
Bruselas confía en que la nueva legislación sobre el mercado energético contribuirá a proteger mejor a los hogares vulnerables frente a desconexiones y precios elevados. Además, en caso de crisis energética, las medidas de emergencia podrán intervenir sobre los precios al por menor del gas natural, lo que brindaría un escudo a los consumidores más afectados.
Fondo Social para el Clima
Para abordar la pobreza energética, la Comisión Europea ha lanzado el Fondo Social para el Clima, que comenzó a implementarse en 2024. Este fondo movilizará al menos 86.700 millones de euros entre 2026 y 2032, con una cofinanciación del 25% por parte de los Estados miembros. Su objetivo es facilitar una transición justa hacia la neutralidad climática, financiando medidas e inversiones que ayudarán a compensar el aumento de las facturas energéticas.
Los Estados miembros deberán incluir estas iniciativas en sus Planes Sociales Climáticos antes de junio de 2025, y desde junio de 2024, la Comisión ha estado prestando apoyo técnico a varios países para la preparación de dichos planes. Este esfuerzo busca mitigar el impacto de la tarificación del carbono en los costos de calefacción y transporte, proporcionando alivio a los hogares más vulnerables.
