Camagüey, Cuba. — El Gobierno de España dio luz verde a la creación de un Consulado General en Camagüey, una decisión orientada a reforzar y descentralizar la atención consular en la isla ante el sostenido aumento de trámites administrativos, inscripciones y solicitudes de visados. La medida fue aprobada mediante real decreto por el Consejo de Ministros, según la referencia oficial difundida por La Moncloa.
De acuerdo con la comunicación gubernamental, la nueva sede permitirá mejorar la atención a ciudadanos españoles residentes y visitantes, al tiempo que complementará la capacidad operativa del Consulado General en La Habana, que enfrenta una demanda creciente de servicios consulares. El anuncio no especifica, por el momento, plazos de apertura, ubicación exacta, dotación de personal ni la fecha de inicio de operaciones.
La decisión se enmarca en una presencia consular española de larga data en la región. Desde 1999, España mantiene en Camagüey una oficina consular honoraria —con categoría de viceconsulado honorario— dependiente del Consulado General en La Habana y con jurisdicción sobre Camagüey, Ciego de Ávila y Las Tunas. Aquella estructura se justificó entonces por el crecimiento de la población española residente y por el flujo de turistas españoles hacia el centro-oriente del país.
En el ámbito local, ha sido una figura visible de esa representación el vicecónsul honorario interino Omar Sastre Torres, cuya labor se ha desarrollado en el marco del esquema honorario vigente hasta ahora.
La referencia oficial también informó la creación de otro consulado general fuera de Cuba, concretamente en Bangalore, India. En ese caso, el Ejecutivo español justificó la apertura por el incremento de los intercambios bilaterales y la necesidad de ampliar la red consular, actualmente limitada a un consulado general en Mumbai y a la sección consular de la Embajada en Nueva Delhi.
La creación del Consulado General en Camagüey supone, en términos prácticos, un salto institucional respecto a la figura honoraria, con expectativas de mayor capacidad administrativa y cobertura territorial. No obstante, la efectividad de la medida dependerá de cómo y cuándo se materialice su puesta en funcionamiento, un aspecto que el Ejecutivo español aún no ha precisado.
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